Un periodismo de negocios distinto

Hace unos días, curioseando en una librería, topé con un libro que reúne lo que a juicio de sus editores fue lo mejor del periodismo de negocios en Estados Unidos durante el último año (http://j.mp/159wGJI). Lo hojeé sin mucho interés, con la vaga expectativa de hallar entre sus páginas historias de ejecutivos, inversionistas, marcas, etc. Esperaba, pues, un periodismo de enfoque francamente cortesano, blando, endogámico, muy de y para insiders. No sé, acaso porque esa es la impresión que tengo de buena parte del periodismo de negocios que se hace en México. Lo que encontré, sin embargo, fue otra cosa.

De entrada, la selección abarca una diversidad temática asombrosa: desde los desoladores estragos de la “gran recesión” hasta las sofisticadas campañas de falso activismo ciudadano que muchas compañías echan a andar para presionar a sus reguladores; desde el cínico modelo de negocios del periódico más importante de la India hasta las millonarias complicaciones logísticas de una fusión entre dos gigantes aeronáuticos; desde las escandalosas prácticas corruptas en las industrias de autoservicios, medicinas o energéticos hasta cómo la revolución en el análisis de datos permite a las empresas conocer a sus clientes mucho mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos.

Y es que si el afán de lucro es uno de los más poderosos motores de la actividad humana, entonces en casi todas las historias puede haber un ángulo propicio para hacer periodismo de negocios.

Otro aspecto sorprendente es el punto de vista que asumen, desde el que están escritos, pues, buena parte de los artículos compilados. Porque en ellos no predomina el ethos del “hombre de negocios”, no se concibe la economía como un ámbito del saber exclusivo para los economistas, ni se recurre tampoco a los típicos eufemismos del vocabulario corporativo. Lo que predomina, en cambio, es una voluntad de hablar de negocios sobre todo desde la perspectiva de los consumidores, de representar la economía como un fenómeno social que incumbe a todos, de hacer periodismo de negocios para contar historias de interés público antes que para hacer relaciones públicas.

Concluyo ofreciendo un botón de muestra: una carta, recuperada en el libro, que una mujer envío a un directivo de Wells Fargo --una compañía de servicios financieros con la que tenía un crédito vencido…

“En mayo de 2007, a los 38 años, me convertí en la primera persona de mi familia en obtener un título universitario. Me gradué con una deuda de más de 100 mil dólares en créditos estudiantiles. Los pagos ascendían a más de 1,100 dólares mensuales. Mi padre, un hombre de 74 años ya retirado, fungió como aval de buena parte esos créditos. Pero en septiembre de 2008, con el colapso de los bancos,  mi padre perdió 70 mil dólares de su pensión.

“En diciembre de 2009, apenas a un año de haber conseguido trabajo, fui despedida en un recorte. Durante casi todo el 2010 no pude encontrar un trabajo estable. En enero de 2011, se venció el plazo para pagar mis créditos estudiantiles. Los bancos comenzaron a perseguir a mi padre por ser mi aval,  arruinando su línea de crédito y cobrándose de su hipoteca, misma que nunca había dejado de pagar.

“En junio de 2011, mi padre contrató un abogado para tratar de arreglar pagos proporcionales a su nivel de ingreso. En octubre de 2011, el abogado le notificó que sus intentos habían fracasado. Mi padre me escribió entonces una carta diciéndome que había tenido que vender su seguro de vida y rehacer su testamento para proteger a mi hermana y a mi madrastra.

“Esa carta me llegó el sábado pasado.

“El domingo, mi padre tuvo un derrame cerebral.

“Y ahora Wells Fargo lo está acosando para que pague otro de mis créditos estudiantiles.

“Le escribo para solicitarle que suspendan las acciones de cobro contra mi padre hasta que yo pueda encontrar un trabajo que me permita ganar lo suficiente como para hacerme cargo de mis deudas.

“Siempre creí que obtener una educación era la única manera de tener éxito en la vida. Ahora me arrepiento todos los días”.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 22 de julio de 2013

Islamofobia y democracia

La tibia respuesta que ha suscitado en Estados Unidos y Europa lo ocurrido en Egipto exhibe la doble cara de Occidente en el tema de los valores democráticos y la religión islámica. Por un lado, cuando grupos terroristas cometen atentados contra gobiernos democráticos invocando el islamismo, resulta que Islam y democracia son incompatibles. Pero, por el otro, ahora que fue derrocado un presidente islamista democráticamente electo, resulta que su caída… tuvo mucho apoyo popular.

Distingamos. Por supuesto que el terrorismo islámico es contrario a la democracia. Pero no por ser islámico sino por ser terrorismo. Y por supuesto que la ofensiva contra el errático gobierno de Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana contó con amplio respaldo social. Pero eso en nada atenúa ni disculpa el hecho de que se trató de un golpe de Estado.

Las reacciones oficiales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, sin embargo, se esmeraron en no llamar al hecho por su nombre. Manifestaron preocupación, dijeron que darían seguimiento puntual a los acontecimientos en las próximas semanas, solicitaron que se garantice la integridad física de Morsi y sus aliados, instaron a que se respeten los derechos humanos de la población civil, invitaron a volver lo más pronto posible al orden democrático, incluso se deslindaron de la intervención de las fuerzas armadas en el proceso político egipcio... pero ninguna condenó de manera clara, explícita e inequívoca, el golpe.

Más aún, hubo voces en la prensa internacional que ni siquiera hicieron el intento de disimular. Thomas Friedman escribió que “al observar la caída del gobierno encabezado por la Hermandad Musulmana en Egipto, la pregunta más interesante es si algún día voltearemos la vista atrás y veremos este momento como el principio del retroceso del Islam político”. Tony Blair aseguró que la intervención del ejército salvó a la democracia egipcia del caos y que “contar con un gobierno democrático no significa contar con un gobierno eficaz. Y hoy en día el reto es la eficacia”. O el Wall Street Journal que, en su editorial al día siguiente del golpe, concluyó que “los egipcios correrán con suerte si los generales que ahora los gobiernan están hechos con el mismo molde que Augusto Pinochet en Chile, quien tomó el poder en medio del caos pero contrató reformistas pro libre mercado y supo parir una transición a la democracia”.

Parece que de lo que se trata, en resumidas cuentas, es de vencer al “Islam político”, de promover “gobiernos eficaces” y de que los nuevos generales sean tan liberales y demócratas como un dictador latinoamericano. Que de la “primavera” egipcia florezca un nuevo y mejorado Hosni Mubarak, pues.

No hace falta insistir en la amenaza que representan las tendencias antidemocráticas del extremismo islámico. Pero quizás si hace falta insistir en la amenaza que para la democracia también representa el prejuicio islamofóbico.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 15 de julio de 2013

Cuando la educación no hace diferencia

En septiembre del año pasado la revista Boston Review publicó un ensayo de James Heckman (http://j.mp/16WQFuV), profesor de economía en la Universidad de Chicago, que causó cierto revuelo en Estados Unidos. Y es que dicho ensayo, que traducía para un público no académico buena parte de la investigación a la que Heckman se ha dedicado durante los últimos años, mostraba lo infundada que hoy resulta la expectativa de que la educación haga diferencia en la vida de los estadounidenses.

El argumento de Heckman es que “el accidente de nacer es la principal fuente de desigualdad en Estados Unidos actualmente. La sociedad estadounidense está dividida entre quienes tienen habilidades y quienes no las tienen. El origen de esa desigualdad está en las experiencias de la primera infancia. Niños que nacen en entornos desfavorables corren un riesgo mucho mayor de no adquirir habilidades, de tener bajos ingresos y enfrentar dificultades personales y sociales como padecer mala salud, embarazarse durante la adolescencia o involucrarse en actividades criminales. Mientras celebramos la igualdad de oportunidades, vivimos en una sociedad en la que el nacimiento se está convirtiendo en destino”.

La gráfica adjunta ilustra el problema. El eje vertical se refiere a la puntuación media en un examen de habilidades cognitivas. El eje horizontal, a la edad de los niños que realizan ese tipo de examen a los 3, 5, 8 y 18 años. Cada curva ilustra la trayectoria de un grupo distinto. La primera (de arriba hacia abajo) es la de hijos de madres graduadas de la universidad; la segunda, la de hijos de madres que cursaron estudios universitarios pero no se graduaron; la tercera, la de hijos de madres que se graduaron del bachillerato; la cuarta, la de hijos de madres que no alcanzaron a graduarse del bachillerato.

Como se ve, la desigualdad en habilidades que separa a los niños al ingresar al sistema educativo es prácticamente idéntica a la desigualdad que los separa cuando egresan de él, quince años después. La escuela, en pocas palabras, no hace mayor diferencia.

Heckman concluye proponiendo políticas públicas que intervengan desde muy temprano para contrarrestar el efecto negativo de los entornos desfavorables en las habilidades que desarrollan los menores de 3 años...

¿Cómo estarán esos datos para el caso mexicano? ¿Y qué contemplara la reforma educativa al respecto?

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 8 de Julio de 2013

Dos conceptos de igualdad

¿Cuál es la mejor manera de tutelar el valor de la igualdad? ¿Cuál es el papel de los poderes públicos en ese sentido? ¿Qué tipo de sociedad es más igualitaria: la que trata como iguales en principio a quienes son desiguales en la práctica; o la que trata como desiguales en la práctica a quienes son iguales en principio? ¿Quién gana y quién pierde con una u otra solución?

La semana pasada la Suprema Corte de Estados Unidos votó tres casos que evocan los dilemas de la igualdad en las sociedades contemporáneas y la creciente tensión que existe entre dos formas de concebirla.

En el primer caso, United States v. Windsor, la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional una disposición federal que definía el matrimonio como la unión legal exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y es que al permitir que el gobierno federal negara a los matrimonios entre personas del mismos sexo, sancionados o reconocidos legalmente por un estado de la Unión, los beneficios fiscales que otorga a los matrimonios heterosexuales, dicha disposición resultaba contraria al principio constitucional de igual protección ante la ley. Tratarlos como si no fueran iguales en principio era una forma, pues, de producir desigualdad en la práctica.

En el segundo caso, Shelby County v. Holder, la Suprema Corte declaró inconstitucional una disposición que obligaba a varios estados a obtener la aprobación de la autoridad federal antes de reformar sus procedimientos para registrar electores. Y es que esa disposición, creada como parte del movimiento por los derechos civiles para evitar que ciertas autoridades locales incurrieran en prácticas discriminatorias que redujeran la participación electoral de la población afroamericana, resultaba contraria al principio constitucional de igual soberanía de los estados. Tratarlos como si fueran desiguales en la práctica era una forma, pues, de vulnerar su igualdad en principio.

En el tercer caso, Fisher v. University of Texas at Austin, la Suprema Corte ordenó revisar la constitucionalidad de la política de acción afirmativa de una universidad pública en su proceso de admisiones. Y es que dicha política, que considera la pertenencia de los estudiantes a minorías raciales desfavorecidas como un factor positivo en la evaluación de sus solicitudes, tiene que ser compatible, por un lado, con el principio constitucional de igual protección ante la ley y, por el otro, con el interés legítimo —reconocido por la propia Corte— de procurar el beneficio de la diversidad racial en las comunidades estudiantiles. ¿Qué es más equitativo? ¿Ponderar favorablemente la pertenencia a una minoría racial desfavorecida o no ponderarla en lo absoluto?

Estamos, como escribió hace unos días Adam Liptak en el New York Times, ante casos que configuran un interesante enfrentamiento entre dos conceptos de igualdad: el “formal”, que propone tratar a las personas como iguales en principio; y el “dinámico”, que propone tratar a las personas como desiguales en la práctica.

Eso en Estados Unidos. ¿Y aquí?

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 1 de julio de 2013

Precisiones sobre el “derecho a ofender”

Últimamente, a raíz de la sentencia de la SCJN en torno al caso de un periodista que demandó a otro por publicar una columna en la que lo llamaba —entre otras cosas— “maricón” y “puñal” (amparo directo en revisión 2806/2012), ha vuelto a circular en la conversación pública mexicana el argumento de que el derecho a la libertad de expresión es, en el fondo, un “derecho a ofender”.

No me ocupo del litigio, un pleito francamente menor y de escasa sustancia; ni tampoco de la resolución de la Corte, que resultó algo rayana en lo excesivo. Me concentro, más bien, en lo problemático que resulta ese argumento según el cual proteger la libertad de un individuo contra la censura es proteger la expresión de ideas no sólo molestas o desagradables sino agresivas o vejatorias hacia otros individuos o grupos.

Y es que plantear el derecho a la libertad de expresión como un “derecho a ofender”, en abstracto y sin mayores precisiones, es no hacerse cargo de que en toda sociedad hay herencias históricas, asimetrías de poder y desigualdades sociales muy profundas que interactúan estrechamente con el ejercicio de las libertades y que, según el caso concreto, pueden potenciarlas o enrarecerlas.

¿O acaso tienen idéntico valor la libertad de expresión de un superviviente del Holocausto que reclama las responsabilidades del pueblo alemán que la de un militante neonazi que se empeña en negar el Holocausto? ¿Son moralmente equiparables el “derecho a ofender” de activistas hispanos que protestan contra el racismo anti-inmigrante en Estados Unidos y el “derecho a ofender” de un popular locutor de radio que sostiene que los blancos son la nueva minoría oprimida y compara a los activistas hispanos con el Ku Klux Klan? ¿Qué significa el hecho de que en México existan tantos términos para nombrar denigratoriamente a los homosexuales pero no a los heterosexuales, o que estemos tan acostumbrados a que los hombres suelan insultarse con apelativos femeninos (llamándose, por ejemplo “nena”, “reina” o “vieja”) pero no a que las mujeres hagan lo propio?

Defender el derecho a la libertad de expresión con un “derecho a ofender” sin reparar en actores, contextos y efectos específicos, es desnaturalizar la utilidad de la ofensa como dispositivo contestatario para que minorías o grupos vulnerables puedan expresar libremente sus reivindicaciones contramayoritarias. Es convertirla en un instrumento del status quo para que mayorías o grupos dominantes puedan perpetuar prejuicios y discursos hegemónicos.

En suma, el “derecho a ofender” sólo se justifica cuando su ejercicio se traduce en una afirmación de la igualdad y una ampliación de las libertades.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 24 de junio de 2013

P.S. Vuelvo a leer este artículo al subirlo al blog y reparo en lo problemático que resulta el último párrafo. Lo transcribo tal y como apareció publicado para no adulterarlo. Pero dejo dicho aquí (por si acaso importa) que si volviera a escribirlo ya no diría lo que dice. Diría, más bien, lo siguiente: "En suma, el 'derecho a ofender' sólo se justifica cuando su ejercicio NO se traduce en una NEGACIÓN de la igualdad o en una RESTRICCIÓN de las libertades".

Datos sin relatos

El miércoles pasado el INEGI difundió algunos datos (http://j.mp/11HEKxr) sobre la estratificación social en México. Rescato tres. Uno, que 59.13% de la población es de clase baja, 39.16% de clase media y 1.71%, de clase alta. Dos, que en el ámbito urbano la clase media corresponde al 47% de la población, mientras que en el ámbito rural ese porcentaje es apenas de 26%. Y tres, que entre 2000 y 2010 el porcentaje de personas de clase media aumentó en 4%.

Busco en la prensa reacciones a dicha información. Encuentro muchas notas que reproducen el boletín del INEGI casi textual, sin añadirle mayor contexto. Una principal en La Jornada, “Por cada persona de ‘clase alta’ hay 49 de ‘baja’: INEGI” (http://j.mp/11QvMRz), que hace mal la cuenta: 59.13 entre 1.71 son 34.57, no 49. Una columna de Luis de la Calle (http://j.mp/167J2Bw), coautor de un libro que asegura que México se ha convertido ya en una sociedad de clase media, argumentando que las conclusiones del INEGI “no son muy diferentes” de las de su libro. Pero nada que aspire a darle rostro a esos números, a ilustrarlos con retratos de personas concretas, ningún relato que los ejemplifique o los interpele.

Es como si en nuestro diarismo las desigualdades no fueran reporteables; como si el único lenguaje posible para decir las diferencias de clase fuera, si acaso, el de los economistas o los administradores públicos. Es como si el país de los periódicos se agotara en el discurso de los funcionarios, en los acuerdos legislativos, en los ajustes a las perspectivas de crecimiento; como si no hubiera vidas que narrar, testimonios que registrar, experiencias de las que dar cuenta.

Pienso, por ejemplo, en el reportaje de Al Jazeera (http://j.mp/ZUYH6v) sobre las raíces históricas de la privatización educativa, la concentración de la riqueza y las protestas estudiantiles en Chile. O en la crónica de Jeff Tietz en Rolling Stone (http://j.mp/17d32ax) que comunica la precariedad de la clase media estadounidense post-2008 a partir de un programa de estacionamientos seguros en Santa Barbara, California, para familias que viven literalmente en sus coches. O pienso también en el trabajo de Leslie T. Chang en National Geographic (http://j.mp/16tzfXc) que muestra las ansiedades que padece la pujante nueva clase media china a través de la rutina de una niña de quinto de primaria.

¿Hay algún medio preparando semblanzas, con nombres y apellidos, para documentar lo que significan las cifras del INEGI? ¿Cómo es que no hemos sabido o no nos ha interesado contarnos historias sobre la actualidad de nuestra estructura social, sobre cómo vivimos nuestras relaciones de clase, sobre las ambigüedades que padecen muestras “nuevas clases medias”?

¿Por qué tenemos un periodismo, digamos, con tan escasa imaginación sociológica?

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 17 de junio de 2013

Los límites del escándalo

En semanas recientes han irrumpido en la conversación pública mexicana tres “escándalos” atípicos: el de la madre de dos hijos del ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel; el del nieto del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y la hija del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert; y el de la madre de un hijo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Desde luego, cada caso es único. Por los personajes involucrados, por el tipo de abuso al que se refiere, por las implicaciones legales que conlleva, etcétera. Con todo, hay acaso algunos rasgos comunes en los cuales conviene reparar.

El primero es su carácter político-familiar, el hecho de que en las tramas de cada uno se anudan poder y parentesco. El segundo es el problema de género, que en todos se impone una evidente asimetría de poder, de recursos y visibilidad, entre hombres y mujeres. Y el tercero es el papel del sistema de justicia, el absoluto fiasco en el que deriva la intervención de juzgados y procuradurías.

A pesar de esas similitudes, sin embargo, la atención pública destinada a cada “escándalo”, así como sus respectivas consecuencias, han sido muy distintas.

En el caso de Góngora Pimental la presión de los medios surtió un efecto positivo pero parcial: lo obligó a negociar para que la madre de sus hijos fuera excarcelada, a acordar un aumento significativo en el monto de la pensión alimenticia y a dejarle la custodia de los menores. Muy bien, pero ¿y la red de complicidades y tráfico de influencias que le permitió al ex ministro encarcelarla a partir de una acusación que, según la propia juez que ordenó su libertad, “no se demostró”? ¿Y la corrupción en los tribunales? ¿Y la opacidad con la que opera la judicatura?

En el caso de Murillo Karam e Ímaz Gispert, la presión surgió no tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales. Y su efecto fue, apenas, informativo: supimos que el nieto de Murillo golpeó a la hija de Ímaz, que ella acudió a la procuraduría local y luego, nada, que la víctima se desistió o no presentó denuncia. El agresor acudió a declarar que se sentía “arrepentido” y estaba “dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos”, pero al “no encontrarse a la fecha ninguna denuncia presentada en su contra” se retiró del lugar. Es decir, como si no hubiera pasado nada.

Y en el caso de Enrique Peña Nieto no ha habido realmente reacción ni en medios ni en redes ni en tribunales. Es como si la madre de su hijo o su hijo no existieran.

Cada caso tendrá, sin duda, sus especificidades y complicaciones. Pero los tres exhiben, con rotunda claridad, que el sistema de justicia está podrido y que la presión que ejercen medios de comunicación y redes sociales es inevitablemente selectiva e insuficiente.

Las injusticias que no se resuelven en los tribunales de la ley no van a resolverse, no pueden resolverse, en los tribunales de la opinión.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes10 de junio de 2013

Supongamos

Supongamos que no es sólo negligencia y desorganización lo que define la estrategia en materia de seguridad del nuevo gobierno. La posibilidad de que Enrique Peña Nieto hace como si la “guerra” nunca hubiera ocurrido, como si no tuviera nada que decir de los 5,762 muertos acumulados durante su sexenio, porque hay un sector significativo de la población que ya no quiere saber más al respecto.

Supongamos que hay muchos ciudadanos cansados de las noticias, que ya no quieren enterarse, que ya se hartaron de todo lo que tenga que ver con la violencia. Que la inacción gubernamental es una forma de aprovechar esa especie de fatiga generalizada. Que la desidia que aparentemente impera en los medios es consecuencia de que no hay demanda de información.

Supongamos que la voluntad de simular que aquí no pasa nada es una manera de procurar, de actuar conforme al sentir de cada vez más mexicanos.

Supongamos que no es nada más un asunto de las autoridades, que la cuestión no se agota en el hecho de que funcionarios, instituciones u órdenes de gobierno intentan ocultar su incompetencia, su incapacidad o su indiferencia. Que se trata, también, de un problema de falta de interés, de presión, de exigencia.

Supongamos que un factor fue el vocabulario con el que aprendimos a describir el problema, la narrativa en función de la cual nos fuimos contando la historia: “operativos”, “ejecutados”, “narcomantas”, “levantados”, “encaujelados”, “ensabanados”, “rutas”, “descabezados”, “lugartenientes”, “plazas”, “desaparecidos”, “capos”, “colgados”.

Supongamos que esos y otros términos saturaron la conversación pública. Que por una u otra razón ese relato ya no funciona para capturar el ánimo del público, para despertar su enojo o al menos su preocupación, para inspirar preguntas, críticas, reclamos que de veras comprometan a las autoridades, que las obliguen a ofrecer respuestas.

Supongamos que hubiera otro vocabulario, otro narrativa, que la violencia fuera susceptible de ser representada con otros términos. No solamente los del Ejército, la Marina o las policías por un lado; del narco, los cárteles, y los sicarios por el otro. Que pudiéramos ir más allá de la coyuntura del 2006-2007 para discutir que pasó durante las décadas en las que fueron gestándose las condiciones estructurales que hicieron esa coyuntura posible.

Supongamos, por ejemplo, que trabajos como el de Salvador Maldonado Aranda, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán” (http://j.mp/13e8wgf), no se quedan en la mera referencia académica. Que incumben fuera del ámbito de los especialistas, que algo hay que aprender de ellos, que pueden incidir y hacer diferencia.

Supongamos que importa, que vale la pena llamar la atención y decirlo. Supongamos que no nos hemos acostumbrado, que nos negamos a admitir que entre novecientos y mil muertos al mes sean parte de nuestra normalidad.

Supongamos…

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 3 de junio de 2013

La fase superior del calderonismo

Michoacán fue noticia de primera plana durante prácticamente toda la semana pasada. Martes: “Despliegue militar en Michoacán” (Excélsior); “Se mueven más tropas a tierra caliente” (Milenio). Miércoles: “Toma el mando el ejército en Michoacán” (La Razón); “Manda SEDENA en Michoacán” (Reforma). Jueves: “Imponen autodefensas al Ejército trueque de detenidos” (El Universal); “Canjean 4 autodefensas detenidos por 24 militares” (La Crónica de Hoy). Viernes: “Difícil, desarmar a policías comunitarios” (El Financiero); “Se debe ya poner fecha al retiro del Ejército en las calles: AI” (La Jornada).  

Así, contra lo que ha sido la norma durante lo que va del actual sexenio, las historias e imágenes que aparecieron en los medios de comunicación a raíz del despliegue militar en Michoacán nos remitieron en más de un sentido al sexenio anterior, ofreciendo un perturbador testimonio de que en materia de seguridad el peñanietismo está constituyéndose como una suerte de fase superior del calderonismo.

La “estrategia” de Calderón comenzó como una ocurrencia circunstancial; la de Peña Nieto, como una negación premeditada. Calderón insistió en hacer de la “guerra” el gran eje de su gobierno; Peña Nieto insiste en gobernar como si la “guerra” nunca hubiera ocurrido. Durante la presidencia de Calderón imperaron, hasta el final, la improvisación y la intransigencia; en la de Peña Nieto prevalecen, hasta hoy, la desorganización y la negligencia. Con Calderón al menos supimos desde el principio que la decisión era movilizar a las fuerzas armadas; con Peña Nieto no sabemos todavía cuál es la decisión.

Y si de los operativos del calderonismo resultó, como supo señalarlo Fernando Escalante, que los homicidios aumentaron muy significativamente; de las omisiones del peñanietismo resulta, como ha advertido Alejandro Hope, que la violencia “no ha variado mayormente desde los meses finales de la administración de Calderón” –y que ahora parecen proliferar, además, los grupos de autodefensa.

En suma, el problema subsiste pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ha optado por una nueva política de seguridad que consiste en no tener política y por una nueva política de comunicación social en la materia que consiste en no comunicar.

El hecho de que el ejército haya tenido que intervenir otra vez en Michoacán es una muestra más del rotundo fracaso que fue el calderonismo. Pero es una señal, asimismo, de que cuando la simulación deja de ser alternativa, el peñanietismo no tiene nada fundamentalmente distinto que ofrecer…

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 27 de mayo de 2013

Una defensa del paternalismo

Thomas Hobbes creía que en nuestro estado de naturaleza los seres humanos estábamos condenados a existir bajo amenaza permanente, a hacernos la guerra todos contra todos, a llevar “una vida solitaria, pobre, fea, embrutecida y breve”. Pero para evitar ese destino terrible, decía Hobbes, suscribimos un contrato mediante el cual creamos un poder centralizado (i.e., el Estado) al que cada uno se somete para que lo proteja de los demás. Cedemos libertad, pues, a cambio de seguridad.

John Stuart Mill afirmaba, por su parte, que todos los individuos poseemos un ámbito de autonomía. Un amplio espacio para vivir nuestra vida libremente, en función sólo de nuestra conciencia, en el que ni otros individuos ni el Estado pueden interferir. La frontera que demarca dicho ámbito, según Mill, es el llamado principio del daño: “la única razón por la que el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir el daño a otros”.

Pero ¿y si estuviera en la naturaleza humana no sólo a dañar a los demás sino también dañarse a uno mismo? ¿Qué implicaciones tendría ese hecho sobre nuestra forma de organización política? ¿Legitimaría la interferencia del Estado en la esfera de la autonomía individual?

En el marco del Seminario Internacional de Ética y Asuntos Públicos del CIDE, la semana pasada vino a la ciudad de México Sarah Conly, autora de Contra la autonomía. Una justificación del paternalismo coercitivo (Cambridge University Press, 2013), un trabajo en el que propone que, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, el Estado debería efectivamente ejercer poder para evitar que los individuos se dañen a sí mismos.

Conly recoge la evidencia acumulada por disciplinas como la psicología social y la economía de la conducta, en el sentido de que los seres humanos padecemos múltiples sesgos cognitivos, para afirmar que no es que seamos ignorantes o tontos (bueno, mejor dicho no es sólo que seamos ignorantes o tontos); es, además, que nuestra capacidad de procesar información, de habérnoslas con la incertidumbre, de anticipar consecuencias y ajustar nuestro comportamiento, es limitada. En general, tenemos buenas ideas sobre lo que queremos pero no tan buenas sobre cómo conseguirlo. Queremos estar más delgados pero seguimos ingiriendo demasiadas calorías; queremos dejar de fumar pero lo postergamos para cuando tengamos menos estrés; queremos vivir una vejez sin preocupaciones pero casi no ahorramos.

De ahí que el tipo de paternalismo por el que aboga Conly no sea uno que pretenda imponer fines sino, más bien, imponer medios para ayudar a las personas a conseguir sus propios fines: sentirse mejor, estar más sanas, vivir una vida más larga. Y con el que ya tenemos cierta experiencia, por ejemplo, en políticas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad o del casco para motociclistas, en prohibir la comida chatarra en las escuelas o las grasas transaturadas en los restaurantes, en requerir receta médica para comprar medicinas en las farmacias o en demandar un depósito mínimo mensual en las cuentas de ahorro para el retiro.

Conly sugiere cuatro criterios para evaluar la viabilidad de una medida paternalista: que la interferencia estatal refleje los valores de una mayoría de los individuos contra los que va dirigida; que realmente produzca los efectos deseados; que sus beneficios sean mayores que sus costos; y que sea la manera más eficiente de conseguir lo que se desea.

Ciertamente, Conly deja varios cabos sueltos en lo relativo a los aspectos económicos, legales, políticos y de política pública de su argumento. Pero, aún así, Contra la autonomía nos obliga a reconsiderar que, a veces, la intervención del Estado en la esfera de la autonomía individual puede estar justificada. Es un logro intelectual hacer que una propuesta en principio tan polémica termine resultando casi de sentido común.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 20 de mayo de 2013

Business as usual

He aquí una selección muy breve, mínima, de encabezados noticiosos de los últimos días: “Ignoraron protocolo de precontingencia”, “Vende Ebrard ¡calle!”, “Nada festejaron las madres de desaparecidos”, “Condona SAT a Televisa 3 mil millones de pesos”, “PGR investiga explosión de pipa en San Pedro Xalostoc”, “Derrocha Sabines gasto en imagen”, “Absuelve el gobierno de Peña a papá de Lady Profeco”, “Vive entre lujos Deschamps Jr.”, “Estados tienen en abandono hospitales”, “Consar: en crisis de pensiones, Pemex y gobiernos estatales”. ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen en común?

           

Desde el punto de vista de los medios, esos encabezados son el pan informativo de cada día, ejemplos perfectamente comunes y corrientes de la rutina llamada “ciclo noticioso 24/7”: notas de cierto impacto a las que rara vez se les da seguimiento, que generan acaso una que otra respuesta (ya sea retórica, burocrática o simbólica, pero casi siempre insustancial) y que al poco tiempo son desplazadas por una nueva tanda de notas que sigue el mismo patrón. Y así una y otra y otra vez. No deja de tener su ironía el hecho de que se denomine “noticioso” (o, en inglés, news) a un ciclo tan conocido y predecible.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, esos encabezados representan la enésima confirmación de los males que corroen la vida pública: incompetencia, corrupción, negligencia, complicidad, abuso, impunidad, dispendio… etcétera. Pero lejos de producir intervenciones realmente críticas o llamados a la movilización, su incansable redundancia termina constituyendo el abono ideal para esa suerte de versión mexicana de la “cultura de la queja” (Robert Hughes) en la que los ciudadanos somos niños indefensos, la culpa siempre es de “otros”, todo está mal y nadie hace nada. Son pequeños escándalos cotidianos que hacen más cómoda, paradójicamente, nuestra zona de confort.

           

Y desde el punto de vista de la clase política, esos encabezados son evidencia de que las cosas funcionan (para la clase política, se entiende). De que se pueden tomar malas decisiones, o no tomar ninguna decisión, y casi nunca hay que pagar las consecuencias. De que puede haber muchos afectados, damnificados o incluso muertos, pero rara vez hay quien rinda cuentas. De que decir “toda la fuerza del Estado” o “nadie por encima de la ley” son eufemismos para “aquí no pasa nada” o “háganle como quieran”. En fin, de que una cosa es tener una posición de responsabilidad y otra, muy distinta, tener que hacerse responsable.

Decía Thomas Jefferson que cuando la sociedad teme al gobierno, hay tiranía; y cuando el gobierno teme a la sociedad, hay libertad. ¿Pero qué hay cuando la sociedad no teme al gobierno ni el gobierno teme a la sociedad? No sé con qué nombre identificarlo, pero sí sé que en México ese es nuestro business as usual.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 13 de mayo de 2013

Medios: más cercanía, menos claridad

La forma en que los medios de comunicación estadounidenses han dado cuenta de los atentados del 15 de abril pasado en Boston es un testimonio muy vívido, verdaderamente ejemplar, de esa suerte de dislocamiento temporal que constituye la nueva normalidad del paisaje informativo contemporáneo. El contraste entre la frenética cobertura en vivo y la metódica reconstrucción de los hechos, entre la urgencia que impone la noticia y la distancia que requiere explicarla, no podría ser más evidente.

Cuatro días después de los hechos la policía desplegó una “cacería” de los sospechosos a la que los medios de comunicación se sumaron de inmediato, interrumpiendo su programación habitual y haciendo enlaces con reporteros ubicados en distintos puntos alrededor de Boston. Sin embargo, más que ofrecer alguna información concreta los medios se dedicaron a propagar la confusión general. Una reportera de CNN ilustró involuntariamente el absurdo de la situación cuando al tiempo que la cámara enfocaba a unas patrullas circulando dijo muy agitada al micrófono, literal: there is a lot of movement, something is happening but we don’t know what it is! (“¡hay mucho movimiento, algo está pasando pero no sabemos qué!”). Y así fue, tal cual, durante horas.

Como escribió Farhad Manjoo en Slate, seguir la transmisión en directo fue una manera muy eficaz de mantenerse perfectamente desinformado minuto a minuto. Las tecnologías de la inmediatez disponibles hoy en día (e.g., teléfonos celulares, redes sociales, agregadores de noticias) hacen que nos enteremos de los acontecimientos más rápido de lo que podemos darles sentido. Permiten que participemos de la emoción del momento como si estuviéramos ahí, en el lugar de los hechos, pero nos despojan de la perspectiva necesaria para hacer inteligible su significado, para entender de qué se trata la historia.

           

Más aún, tanta “cercanía”, aunque sea virtual, no se traduce en mayor claridad. Antes al contrario, la secuencia de la supuesta trayectoria que siguieron los sospechosos, desde el supuesto asesinato de un oficial del M.I.T., el supuesto robo de una camioneta y el supuesto asalto en una gasolinera, está repleta de incógnitas e inconsistencias que la sensación de alivio posterior a las horas de adrenalina ha sepultado casi por completo. Hoy el público estadounidense sabe mucho más de cómo era la vida de los hermanos Tsarnaev antes del atentado (los propios medios se han encargado ya con mucho esmero de dar a conocer sus “antecedentes”) que de lo que ocurrió durante su “cacería”: de cómo los identificó la policía, cómo dio con ellos, qué evidencia hay en su contra, cómo fue el tiroteo en el que murió el mayor y qué causó las heridas que presentaba el menor cuando fue aprehendido.

           

Todos los medios lo informaron en vivo y en directo, pero aparentemente no hay ninguno que sepa bien a bien qué fue lo que pasó.                      

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 6 de mayo de 2013