lunes, 25 de noviembre de 2013

20 de noviembre: ironías de una conmemoración

¿Cuál era originalmente el sentido de la celebración del 20 de noviembre? ¿Qué significado le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto al aniversario del miércoles pasado? ¿Dónde habita la evocación de la Revolución Mexicana, cuál es su lugar en el espectro político-ideológico de la actualidad? ¿Son compatibles el nacionalismo revolucionario y la oposición democrática?

La primera ironía está en lo que explicaba el decreto que en 1936 estableció el 20 de noviembre como fecha oficial para recordar la Revolución Mexicana: “al conmemorarse este acontecimiento histórico con un desfile deportivo se refleja la voluntad pacifista y conciliadora de nuestro pueblo”. Se trataba, pues, de un aniversario deliberadamente civil --incluso civilizador-- a través del cual el régimen posrevolucionario marcaba su distancia del carácter armado y rebelde de la propia efeméride que celebraba.

La segunda ironía está en el sentido que Enrique Peña Nieto le dio a su primer 20 de noviembre como Presidente, improvisando una ceremonia no ya cívica como las de antaño sino abiertamente militarizada --como el comandante supremo Felipe Calderón lo hubiera querido. En palabras de Peña, “una de las instituciones creadas por el movimiento revolucionario es el Ejército Mexicano. Desde entonces, ha escrito páginas de gloria en defensa de nuestras instituciones. Ha sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo para el país. Ha sido una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad de la población”. Para el primer gobierno priísta de la era democrática conmemorar los ideales de la Revolución mexicana significa conmemorar… a las fuerzas armadas.

La tercera ironía está en que el partido emanado de la Revolución hoy gobierna con la promesa de “modernizar” muchas prácticas y estructuras que constituyen su propio legado histórico, mientras que la oposición de izquierda --fundamentalmente el lopezobradorismo-- recupera buena parte de la ideología de la Revolución Mexicana como si ésta nada hubiera tenido que ver con el régimen autoritario que imperó en México durante casi todo el siglo pasado. Así, en tanto que el PRI ha vuelto al poder dejando de reconocerse en el país posrevolucionario que contribuyó a crear, la izquierda ha hecho suyo el viejo nacionalismo revolucionario que se negaba a reconocer como legítima a la oposición democrática.

Cuando teníamos un régimen predemocrático conmemorábamos la Revolución con un desfile cívico-deportivo. Ahora que tenemos un régimen postautoritario la conmemoramos con una ceremonia militar. El programa del PRI que gobierna en el siglo XXI consiste en no asumir responsabilidad de lo que dejó el PRI que gobernó en el siglo XX. Y la oposición de izquierda de hoy insiste en reivindicar una ideología que era anatema para la oposición de izquierda de antes.

A veces ocurre que las conmemoraciones históricas son como aquel perro del que hablaba Karl Kraus: le aúllan a la luna mientras orinan sobre las tumbas.

--  Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 25 de noviembre de 2013

lunes, 11 de noviembre de 2013

Calendario cívico

El calendario laboral vigente en México cuenta con un total de siete días de descanso obligatorio: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre. El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública agrega, a su vez, tres días más: 18 de marzo, 5 de mayo y 15 de mayo.

Dejemos a un lado los días que no corresponden, como tales, a una efeméride –es decir, 1 de enero (año nuevo), 15 de mayo (día del maestro) y 25 de diciembre (Navidad). Reparemos, entonces, en los años a los que corresponden originalmente cada una de las conmemoraciones restantes. El 5 de febrero se remite al día en que fue proclamada la Constitución de 1917. El 21 de marzo, al natalicio de Benito Juárez en 1806. El 1 de mayo, a los mártires de Chicago de 1886. El 16 de septiembre, al grito de Dolores en 1810. El 20 de noviembre al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. El 18 de marzo, a la expropiación petrolera en 1938. Y el 5 de mayo, a la batalla de Puebla en 1862. (No ahondo, por obvias razones de espacio, en los detalles curiosos ni en las fascinantes complejidades que hay en la historia de cada uno de esos días).

En términos generales nuestro calendario cívico se agota, pues, en tres grandes procesos históricos: la Independencia, la Reforma (en un sentido muy amplio) y la Revolución. Ésta última es la predominante en tanto que cuatro de los siete días patrios la evocan directa o indirectamente. Pero, contra lo que dice el lugar común, la mayoría no son en estricto sentido celebratorios de hechos de armas. Tres lo son (1810, 1862 y 1910) pero los demás se refieren a otro tipo de acontecimientos: una fecha de nacimiento (Juárez es el único prócer al que le ha sido dado tener un día de asueto obligatorio en su honor), una fecha constitucional, una fecha internacional (la del día del trabajo) y una fecha relativa a una decisión presidencial que, por polémica que haya sido, no implicó derramamiento de sangre (la expropiación petrolera).

De hecho, comparado con los de Estados Unidos (http://j.mp/1cdAjjQ), de Francia (http://j.mp/1gC3CSC) o de Argentina (http://j.mp/1eBTlFw), por poner apenas tres ejemplos, el mexicano no parece un calendario cívico particularmente inclinado a glorificar la violencia.

Lo que llama la atención, más bien, es que en los últimos 75 años de historia aparentemente no ha ocurrido nada ni ha vivido nadie digno de figurar en el catálogo de nuestras fechas patrias; que las múltiples transformaciones que experimentó México durante la segunda mitad del siglo XX, o en la primera década del siglo XXI, no hayan dado para recuperar algún episodio ni para celebrar a algún personaje.

Es como si una parte de la labor simbólica de crear país se nos hubiera acabado en 1938.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, noviembre 11 de 2013

lunes, 4 de noviembre de 2013

Investigar el gasto en publicidad gubernamental


¿Cuáles son las condiciones que hacen posible un periodismo independiente y de interés público? ¿Cómo evitar que las libertades de prensa o de mercado se conviertan en coartadas para no regular la relación entre medios de comunicación y poderes públicos? ¿Puede la industria de las noticias servir a la ciudadanía cuando no está organizada ni funciona conforme a criterios mínimamente transparentes?

En torno a este tipo de preguntas giró la brillante conferencia que Natalie Fenton impartió durante el primer seminario internacional “El estado del periodismo y los medios”, organizado la semana pasada por el CIDE. Profesora en Goldsmiths, Universidad de Londres, e integrante fundadora de la Coalición para la Reforma de los Medios en el Reino Unido, Fenton argumentó que la importancia de las prácticas periodísticas y los medios de comunicación en un sistema democrático demanda que las ciencias sociales se los tomen más en serio como objetos de estudio.

Su charla dio pie a un muy vivo intercambio que terminó recalando en el tema del gasto en publicidad gubernamental: en las cantidades a las que asciende, en lo que representa para las finanzas de la industria de las noticias, en la opacidad general que caracteriza la experiencia mexicana en la materia. Y es que salvo por contadas excepciones, como el informe “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas” (http://j.mp/1aThLqx) coordinado por Artículo 19 y FUNDAR, en México no hemos indagado a fondo, no hemos generado un cuerpo de conocimiento que vaya más allá de las especulaciones o las anécdotas con respecto al flujo de dinero público hacia los medios.

La información con la que contamos es escasa e imprecisa pero suficiente como para formular algunas primeras preguntas de investigación.

Por ejemplo, en el anexo estadístico del Informe de Gobierno 2012-2013 hay un cuadro sobre “Gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad en la Administración Pública Federal” (http://j.mp/18PZPs9, p. 20) que muestra los montos erogados para dicho rubro por cada entidad gubernamental entre 2001 y 2013.

En 2001, el total ascendió a 1.9 mil millones de pesos (mmdp); en 2003, a 3.1; en 2008, a 5.5; y en 2012, a 8.4 mmdp. ¿Cómo explicar ese crecimiento? ¿En qué medios, conforme a qué proporción y de acuerdo a qué criterios se gastó todo ese dinero?

En 2003, el presupuesto ejercido en Turismo como entidad de control presupuestario indirecto se incrementó en 5742%; en 2008, el de la Secretaría del Trabajo aumentó en 46590% y el de la Secretaría de la Defensa en 42195%; en 2009, el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se disparó en un 1542%; y en 2011, el de la Secretaría de la Marina creció en un 9656%. ¿A qué respondieron esos cambios tan drásticos?

Entre enero y junio de 2013, el total de gasto se contrajo en 94%. ¿Cómo han logrado sobrevivir los medios de comunicación a un recorte tan drástico en una de sus principales fuentes de financiamiento? ¿Han reducido sus costos o han encontrado otras formas de financiarse? ¿Y cómo ha impactado todo ello en sus líneas editoriales?

Bien dijo Natalie Fenton que “tan importante es que los medios de comunicación llamen a cuentas a los poderes públicos como que los ciudadanos llamen a cuentas a los medios de comunicación”.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 4 de noviembre de 2013