Supongamos que no es sólo
negligencia y desorganización lo que define la estrategia en materia de
seguridad del nuevo gobierno. La posibilidad de que Enrique Peña Nieto hace como
si la “guerra” nunca hubiera ocurrido, como si no tuviera nada que decir de los
5,762 muertos acumulados durante su sexenio, porque hay un sector
significativo de la población que ya no quiere saber más al respecto.
Supongamos que hay muchos
ciudadanos cansados de las noticias, que ya no quieren enterarse, que ya se hartaron
de todo lo que tenga que ver con la violencia. Que la inacción gubernamental es
una forma de aprovechar esa especie de fatiga generalizada. Que la desidia que
aparentemente impera en los medios es consecuencia de que no hay demanda de
información.
Supongamos que la voluntad
de simular que aquí no pasa nada es una manera de procurar, de actuar conforme al sentir de cada vez más mexicanos.
Supongamos que no es nada
más un asunto de las autoridades, que la cuestión no se agota en el hecho de
que funcionarios, instituciones u órdenes de gobierno intentan ocultar su
incompetencia, su incapacidad o su indiferencia. Que se trata, también, de un
problema de falta de interés, de presión, de exigencia.
Supongamos que un factor
fue el vocabulario con el que aprendimos a describir el problema, la narrativa
en función de la cual nos fuimos contando la historia: “operativos”,
“ejecutados”, “narcomantas”, “levantados”, “encaujelados”, “ensabanados”,
“rutas”, “descabezados”, “lugartenientes”, “plazas”, “desaparecidos”, “capos”, “colgados”.
Supongamos que esos y
otros términos saturaron la conversación pública. Que por una u otra razón ese
relato ya no funciona para capturar el ánimo del público, para despertar su enojo
o al menos su preocupación, para inspirar preguntas, críticas, reclamos que de
veras comprometan a las autoridades, que las obliguen a ofrecer respuestas.
Supongamos que hubiera
otro vocabulario, otro narrativa, que la violencia fuera susceptible de ser representada
con otros términos. No solamente los del Ejército, la Marina o las policías por
un lado; del narco, los cárteles, y los sicarios por el otro. Que pudiéramos ir
más allá de la coyuntura del 2006-2007 para discutir que pasó durante las décadas en las que fueron gestándose las
condiciones estructurales que hicieron esa coyuntura posible.
Supongamos, por ejemplo,
que trabajos como el de Salvador Maldonado Aranda, “Drogas, violencia y
militarización en el México rural. El caso de Michoacán” (http://j.mp/13e8wgf),
no se quedan en la mera referencia académica. Que incumben fuera del ámbito de
los especialistas, que algo hay que aprender de ellos, que pueden incidir y
hacer diferencia.
Supongamos que importa,
que vale la pena llamar la atención y decirlo. Supongamos que no nos hemos
acostumbrado, que nos negamos a admitir que entre novecientos y mil muertos al
mes sean parte de nuestra normalidad.
Supongamos…
-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 3 de junio de 2013
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