lunes, 28 de enero de 2013

Caso Cassez, radiografía de nuestra vida pública


El desenlace del caso Cassez ofrece una cruda radiografía de varios aspectos de la vida pública mexicana. Me ocupo de tres: la incomprendida importancia de los procedimientos en la impartición de justicia, la urgente necesidad de que los periodistas incorporen en su práctica nociones elementales de derecho y el alarmante espectáculo de una ira social tan mal encaminada que amenaza con terminar fortaleciendo aquello mismo que la provoca. Me explico.
            
No hay, no puede haber justicia sin procedimientos que la organicen: sin derechos, sin reglas, sin trámites, sin instancias que le den un mínimo de orden y racionalidad al complicado proceso de comprobar hechos delictivos y condenar a los responsables. Por eso decía Benjamin Constant que los procedimientos son como “deidades tutelares” de la convivencia civilizada: porque son la única garantía de que se haga justicia sin incurrir en la arbitrariedad --es decir, en la injusticia. El hecho de que 83% de los mexicanos (Reforma, 24/Ene/2013) no esté de acuerdo en que las violaciones al debido proceso son razón suficiente para liberar a una persona, en que una condena es inválida cuando la evidencia incriminatoria está corrompida, es un sombrío testimonio de que una gran mayoría de los mexicanos no está dispuesta a pagar el costo de vivir en una sociedad en la que el fin no justifique los medios. De que entre nosotros hay un sustrato muy considerable, digamos, de calderonismo sociológico. 

La forma en que algunos medios de comunicación informaron sobre la liberación de Cassez no es menos problemática. Por ejemplo, en la nota principal de Milenio “Falla la Corte y deja libre a la plagiaria”, en la de La Razón “Libre sin ser inocente”, o en la obstinación de Joaquín López Dóriga en llamarla “la secuestradora”. El fallo de la Corte no resolvió si Cassez era culpable o inocente; resolvió que, por la forma en que se integró su caso, no lo podemos saber y por tanto subsiste su derecho a la presunción de inocencia. Pero al insistir en presumirla culpable, en referirse a ella como “la plagiaria”, “sin ser inocente” o “la secuestradora”, los medios la condenan de todos modos, pasando por encima de los derechos de Cassez y de la autoridad de la Corte. El montaje de Genaro García Luna perdió en el tribunal de la ley… pero ganó en el tribunal mediático.

Finalmente, queda la ira social desatada por el fallo de la Corte. Una ira desinformada sobre los detalles del caso, aparentemente inmune a textos como los de Héctor de Mauleón (http://bit.ly/14lp7Q2) o Guillermo Osorno (http://bit.ly/1122KiG). Una ira que no sabe distinguir facultades, efectos ni jurisdicciones: que no entiende por qué la Corte no puede castigar a los policías, por qué no libera a todos los demás presos a los que tampoco se les respeto su debido proceso, por qué lo que haya hecho el gobierno de Francia no afecta la decisión de la Primera Sala. Una ira, en suma, muy propicia para convertir el precedente que sienta el caso Cassez en un escarnio contra cualquier criterio garantista.

¿Qué tan mal calibrada tenemos la báscula que la noticia de que la Corte se toma los derechos en serio la convertimos en motivo de furiosa indignación?

Transparente
La comisionada del IFAI Sigrid Arzt ha incurrido en un caso transparente de conflicto de interés: hizo solicitudes de información con pseudónimos, les dio trámite y en su caso interpuso y hasta resolvió sus propias inconformidades ella misma. La Secretaría de la Función Publica debe inhabilitarla de inmediato.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 28 de enero de 2012

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