El desenlace del caso Cassez ofrece una cruda
radiografía de varios aspectos de la vida pública mexicana. Me ocupo de tres:
la incomprendida importancia de los procedimientos en la impartición de
justicia, la urgente necesidad de que los periodistas incorporen en su práctica
nociones elementales de derecho y el alarmante espectáculo de una ira social tan
mal encaminada que amenaza con terminar fortaleciendo aquello mismo que la provoca.
Me explico.
No
hay, no puede haber justicia sin procedimientos que la organicen: sin derechos,
sin reglas, sin trámites, sin instancias que le den un mínimo de orden y racionalidad
al complicado proceso de comprobar hechos delictivos y condenar a los responsables.
Por eso decía Benjamin Constant que los procedimientos son como “deidades
tutelares” de la convivencia civilizada: porque son la única garantía de que se
haga justicia sin incurrir en la arbitrariedad --es decir, en la injusticia. El
hecho de que 83% de los mexicanos (Reforma, 24/Ene/2013) no esté de acuerdo en que las violaciones al debido proceso son
razón suficiente para liberar a una persona, en que una condena es inválida
cuando la evidencia incriminatoria está corrompida, es un sombrío testimonio de
que una gran mayoría de los mexicanos no está dispuesta a pagar el costo de
vivir en una sociedad en la que el fin no justifique los medios. De que entre
nosotros hay un sustrato muy considerable, digamos, de calderonismo
sociológico.
La
forma en que algunos medios de comunicación informaron sobre la liberación de
Cassez no es menos problemática. Por ejemplo, en la nota principal de Milenio “Falla la Corte y deja libre a
la plagiaria”, en la de La Razón “Libre
sin ser inocente”, o en la obstinación de Joaquín López Dóriga en llamarla “la
secuestradora”. El fallo de la Corte no resolvió si Cassez era culpable o
inocente; resolvió que, por la forma en que se integró su caso, no lo podemos
saber y por tanto subsiste su derecho a la presunción de inocencia. Pero al
insistir en presumirla culpable, en referirse a ella como “la plagiaria”, “sin
ser inocente” o “la secuestradora”, los medios la condenan de todos modos, pasando
por encima de los derechos de Cassez y de la autoridad de la Corte. El montaje
de Genaro García Luna perdió en el tribunal de la ley… pero ganó en el tribunal
mediático.
Finalmente,
queda la ira social desatada por el fallo de la Corte. Una ira desinformada
sobre los detalles del caso, aparentemente inmune a textos como los de Héctor
de Mauleón (http://bit.ly/14lp7Q2) o Guillermo Osorno (http://bit.ly/1122KiG). Una
ira que no sabe distinguir facultades, efectos ni jurisdicciones: que no
entiende por qué la Corte no puede castigar a los policías, por qué no libera a
todos los demás presos a los que tampoco se les respeto su debido proceso, por
qué lo que haya hecho el gobierno de Francia no afecta la decisión de la Primera
Sala. Una ira, en suma, muy propicia para convertir el precedente que sienta el
caso Cassez en un escarnio contra cualquier criterio garantista.
¿Qué
tan mal calibrada tenemos la báscula que la noticia de que la Corte se toma los
derechos en serio la convertimos en motivo de furiosa indignación?
Transparente
La comisionada del IFAI Sigrid Arzt ha incurrido en
un caso transparente de conflicto de interés: hizo solicitudes de información
con pseudónimos, les dio trámite y en su caso interpuso y hasta resolvió sus
propias inconformidades ella misma. La Secretaría de la Función Publica debe
inhabilitarla de inmediato.
-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 28 de enero de 2012
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