Protesta y democracia

¿Cuál es el lugar de la protesta social en una democracia? ¿Cuáles sus alcances y sus límites? ¿De qué se trata, para qué sirve, por qué ocurre? ¿Cómo la muestran los medios de comunicación, cómo la procesan las autoridades? ¿Qué sentido tiene para quienes participan en ella? ¿Por qué algunos ciudadanos la apoyan, a otros les es indiferente y otros la rechazan? ¿Cómo la encaran o la rehúyen, qué le responden los actores contra los que va dirigida?

El problema con la protesta social, según escribió Brian Martin en un viejo artículo al que vale la pena volver en estos días (http://bit.ly/XeTmXe), es precisamente que nos hemos acostumbrado —buena parte de los medios, del gobierno, de la academia— a representarla como un “problema”: como una forma de actividad política que altera el curso normal de nuestra vida colectiva, que constituye una amenaza a la democracia, que pone en entredicho la convivencia pacífica.

Y al representar la protesta social de ese modo hacemos, implícita o explícitamente, como si otras formas de actividad política –llámense, por ejemplo, la decisión de adoptar políticas de austeridad radical, el cabildeo de grupos poderosos para resistirse a toda forma de regulación o recaudación que los afecte, la orden de sacar al ejército de sus cuarteles o el empeño de ciertas autoridades de ocultar o manipular información pública– constituyeran, esas sí sin mayor problema, la normalidad de nuestra convivencia democrática.

Así, a fuerza de estigmatizar la protesta social, de excluirla del catálogo de actividades políticas aceptables o normales, terminamos asumiendo una concepción de la ciudadanía perfectamente domesticada: en el que cualquier tipo de desacuerdo, cuestionamiento, crítica o desobediencia es susceptible de ser deslegitimado como expresión de odio, rijosidad, subversión o incluso de violencia.

Ocurre, sin embargo, que no puede haber tal cosa como un orden mínimamente democrático si no hay lugar para la protesta, es decir, para la expresión pública de diferencias, de antagonismos, de descontentos, de rechazos y denuncias. No hace falta estar de acuerdo con ninguna de ellas. Hace falta admitir más bien que sin ellas, nos gusten o no, no habría democracia.

Luego de los reprobables actos violentos que ocurrieron el sábado pasado en la ciudad de México durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, multitud de voces que se han apresurado a equiparar la protesta con la violencia, a hacer como si la primera fuera un llamado a la segunda o como si hubiera un nexo causal inequívoco entre una y otra. No es así.

Hay que rechazar el recurso a la violencia pero, al mismo tiempo, hay que reivindicar el derecho a la protesta.  Equipararlos no es defender la democracia: es atentar, inadvertida o deliberadamente, en contra de ella.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 3 de diciembre de 2012