Derecha y derechos

Vuelvo a un tema del que ya me he ocupado en un par de entregas anteriores; a ese fenómeno que, a falta de un mejor término, propuse denominar “estado de derechismo”: una visión de lo público en la que se conjugan conciencia de clase y afán punitivo; una idea del derecho que lo reduce, básicamente, a poca regulación y muchas cárceles; un modelo que ofrece mano invisible en las cuestiones económicas y mano dura en la cuestión social.

Vuelvo por dos motivos. El primero es la reforma laboral recientemente aprobada en la Cámara de Diputados; el segundo, el libro más reciente de Pedro Salazar, Crítica de la mano dura. Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades (Océano, 2012). 

La iniciativa de reforma laboral enviada por el Presidente Calderón se dividía, fundamentalmente, en dos partes: la económica, que buscaba la flexibilización del mercado de trabajo; y la política, que buscaba la democratización de los sindicatos. La económica terminó aprobándose prácticamente como llegó, pero de la política no quedó prácticamente nada. Y ni en la versión original ni en la final hubo una parte social, digamos, que procurara ampliar o mejorar los derechos de los trabajadores (creando, por ejemplo, un seguro de desempleo, un nuevo sistema de justicia laboral o disposiciones para contrarrestar la precarización del trabajo). El resultado será, entonces, un mercado laboral no necesariamente más flexible, pues como ha argumentado Ciro Murayama en la práctica ya lo es, sino más desregulado; dirigencias sindicales tan poco democráticas y tan opacas como antes pero ahora además crecidas por haber derrotado el embate; y una clase trabajadora que queda más a la intemperie del libre mercado pero no por ello liberada de “líderes” que ni responden a sus intereses ni le rinden cuentas.

El libro de Pedro Salazar ofrece una inquietante reflexión sobre cómo la sensación de inseguridad, el miedo al crimen y la impotencia ante la impunidad han engendrado entre nosotros una doble pulsión autoritaria: por un lado, una furiosa exigencia de demostrar fuerza antes que de respetar derechos; por el otro, una franca intolerancia que equipara cualquier crítica a la estrategia de combate a la delincuencia con una apología del delito. El resultado, argumenta Salazar, es una política de “excepción institucionalizada”, pensada más en términos bélicos que jurídicos, que plantea la seguridad pública exclusivamente en términos de restaurar orden, no de impartir justicia, y cuya principal objetivo es tener mejores policías, no contar, además, con mejores juzgados.

En lo laboral, más mercado y mismo sindicalismo. En seguridad pública, más policías y mismo sistema de justicia. Ese es el estado de derecho de la derecha: uno en el que, salvo por los derechos de propiedad, no importan los derechos.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 1 de octubre de 2012