Ya en otras ocasiones me he referido a la visión “chilangocéntrica” que
suele imperar en nuestra conversación pública: una visión que no se ocupa del
ámbito local más que en términos de sus implicaciones para la política “nacional”
y que, a fuerza de no ocuparse, termina por no saber dar cuenta de lo que ocurre
en él o, peor aún, por representarlo como un ámbito reducido a oscilar entre la
anarquía y el despotismo.
Vuelvo al tema porque
identifico mucho de esa visión en la propuesta de reforma, ampliamente
comentada durante las últimas semanas, que tiene como objetivo desaparecer tanto
al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los institutos electorales de los
estados para crear un gran Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue
de organizar todas, todas, las
elecciones.
El diagnóstico es que el
poder de los gobernadores sobre los comicios
locales está fuera de control, que los institutos no tienen capacidad para
garantizar la integridad de los procesos electorales o se encuentran, incluso, capturados
por los mismos gobernadores.
Y la presunta solución
consiste en prescindir por completo de las propias entidades federativas sustrayendo
la materia electoral de su ámbito de competencia para concentrarla, en cambio, en
un único órgano que desde el centro meta en cintura a los gobernadores y ponga
orden, de Tijuana hasta Chetumal, en los procesos electorales locales.
El diagnóstico es
típicamente “chilangocéntrico” tanto en la generalización como en la
abstracción. Por un lado, asume que la “provincia” es homogénea, no se detiene
a observar especificidades ni a hacer distinciones. Por el otro, tampoco
considera necesario recurrir a algún tipo de evidencia, no ofrece datos duros
ni remite a casos concretos. Imagina, pues, que fuera del D.F. no hay más que
“Cuautitlanes” con gobernadores “feudales”, instituciones sometidas y
sociedades postradas . Hace como si la diversidad política regional no
existiera ni hubiera información al respecto.
La solución es igualmente
“chilangocéntrica” tanto al dar por descontada la posibilidad de encontrar
alternativas locales como al suponer que la mejor opción es centralizar. Es
decir, no se detiene a considerar el fortalecimiento del sistema de pesos y
contrapesos a nivel estatal, ni tampoco repara en lo endeble que resulta la
expectativa de querer controlar a los gobernadores desde la lejanía y el
desconocimiento que imperan en la capital. No concibe que puedan existir
soluciones locales ni que la viabilidad de una intervención “desde arriba” sea
cuestionable. Hace como si la “provincia” no tuviera remedio y el centro fuera
infalible.
La propuesta del INE no
parte de un diagnóstico sino de un prejuicio. Y no es una solución sino un
desplante…
Es difícil imaginar algo
más “chilangocéntrico” que querer limitar a los “virreyes” de los estados instituyendo
una nueva autoridad electoral con toda la fisonomía de una metrópoli.
-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 28 de octubre de 2013
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