lunes, 12 de agosto de 2013

Salud pública y libre mercado

A fines de julio pasado, una corte de apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de un juez local contra la medida, impulsada por el alcalde Michael Bloomberg, de prohibir la venta de refrescos en vasos de más de medio litro. El alcalde ha perdido ya en dos instancias, pero su batalla legal contra la epidemia de obesidad continuará ya sea por la vía judicial, por la legislativa o por ambas, en lo que promete convertirse en otro caso paradigmático del creciente conflicto entre la salud pública y el libre mercado.

En los tribunales el litigio ha gravitado en torno a aspectos más o menos formales: al principio de legalidad (i.e., ¿tiene el alcalde la facultad para decretar una medida así?), a la división de poderes (i.e., ¿puede enmendarse el Código de Salud de Nueva York sin la aprobación del poder legislativo de la ciudad?) y al principio de igualdad ante la ley (i.e., ¿qué tan equitativa es la medida al prohibir envases de cierto tamaño para cierto tipo de bebidas azucaradas pero no para otras, afectando a cierto tipo de establecimientos comerciales pero no a otros?). 

Pero fuera de los tribunales la discusión ha sido más sustantiva. Para quienes adoptan la perspectiva de salud pública, el problema es que el aumento en el consumo de refrescos parece ser el factor más importante en el crecimiento de los índices de obesidad durante las últimas décadas. Y que los cada vez mayores costos sociales asociados a la obesidad (i.e., enfermedades, recursos para darles tratamiento, muertes) demandan una decidida intervención de las autoridades. Para quienes adoptan la perspectiva del libre mercado, el problema es permitir la interferencia del Estado para limitar la libertad de los consumidores. Que Bloomberg se asuma, pues, como una suerte de “nana” que sabe mejor que los propios individuos qué les conviene o no consumir. Llevadas al extremo, advierten, ese tipo de medidas erosionan la libertad y la responsabilidad de los individuos.

Hay mucho en los argumentos de los partidarios del libre mercado que resulta un tanto aéreo. Primero, porque ver en la regulación del tamaño de los envases de refresco una amenaza a la libertad es tener, digamos, un concepto totalmente Coca-Cola de la libertad. Segundo, porque argumentar al extremo es una forma de rechazar lo posible por temor a lo improbable. Y tercero, porque a final de cuentas hay más lógica en que el Estado proteja a los consumidores contra el consumo excesivo de un producto que es nocivo para su salud que en proteger a los consumidores de la intervención estatal para que puedan seguir decidiendo libremente ser obesos.

David Brooks, columnista conservador del New York Times, trató de empatar la discusión hace unos días, alegando que la perspectiva del libre mercado ganaba en lo teórico pero la perspectiva de salud pública ganaba en lo empírico. Habría que preguntarle, sin embargo, cómo puede “ganar” una teoría cuando la evidencia empírica apunta en la dirección contraria…

Acaso sea por la llamada “magia del libre mercado”.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 13 de agosto de 2013

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