Estado de derechismo II

En la última entrega del año pasado interpreté un par de caricaturas de Paco Calderón (una sobre el papel de los defensores de Derechos Humanos en la “guerra” contra el crimen organizado, otra sobre el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa durante una manifestación de protesta) como síntomas de un fenómeno cultural que propuse llamar “estado de derechismo”: una visión que asume la legalidad menos como un valor para crear ciudadanía que como un instrumento punitivo de clase.

Hoy reincido en el tema para tratar de ahondar en su significado y, sobre todo, de ampliar el inventario de sus manifestaciones.

Y es que con “estado de derechismo” quisiera referirme no sólo a casos extremos como los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad o la criminalización del activismo o la protesta, sino también a otros casos aparentemente soterrados o no tan explícitos que, sin embargo, están muy presentes en nuestra vida pública y que expresan esa misma concepción de la ley no como un patrimonio común de derechos y obligaciones que nos igualan sino como un recurso privilegiado que perpetúa las desigualdades que nos diferencian.

Pienso, por ejemplo, en el contraste entre la imagen de los comerciantes ambulantes como una abominable mafia que se apropia ilegalmente de “nuestras” calles y la imagen de las asociaciones vecinales que cierran el tránsito en “sus” colonias como modelos de sociedad civil organizada.

O pienso en quienes insisten, por un lado,  en la necesidad de “flexibilizar” los derechos laborales para hacer más competitiva la economía mexicana pero, por el otro, ni siquiera consideran la posibilidad de hacer lo mismo con los derechos de propiedad de quienes incurren en prácticas monopólicas.

O pienso en que en una sociedad con nuestros niveles de desigualdad la queja mediática más socorrida es que los mexicanos “pagamos demasiados impuestos” (aunque en términos comparativos nuestra recaudación tributaria sea de las más bajas) y no que la mayor parte del gasto público es, de hecho, regresiva (i.e., se concentra en la población de mayores ingresos).

O pienso, por último, en lo que implican el crecimiento constante de la población penitenciaria, la exigencia de penas más severas o incluso de reinstaurar la pena de muerte cuando sabemos que nuestro sistema de impartición de justicia suele encarcelar no a los criminales más peligrosos o que causan mayor daño sino a quienes no tienen recursos para pagarse una defensa adecuada o para sobornar a las autoridades.

He ahí, pues, otros rostros no tan evidentes pero no por ello menos inquietantes del estado de derechismo. De ese querer mano invisible en la economía pero mano dura en la cuestión social.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 9 de enero de 2012