lunes, 29 de julio de 2013

Prácticas periodísticas y democracia

La discusión sobre prensa y democracia en México ha gravitado en torno a temas como los vínculos entre los medios de comunicación y los poderes públicos, las líneas editoriales y los intereses comerciales, la concentración del mercado (sobre todo en la TV), la regulación del gasto gubernamental en publicidad, la importancia de la pluralidad en la oferta informativa o la defensa del derecho a la libertad de expresión.

El tema de las prácticas periodísticas, sin embargo, casi no ha figurado en esa discusión. Y eso es un problema.

Porque en las prácticas periodísticas, en la manera que los periodistas ejercen su profesión, se define mucho del valor que la prensa aporta a la vida democrática. ¿Cómo se investiga una historia? ¿En qué fuentes se basa? ¿Cómo se decide el ángulo que le da sentido? ¿A qué público va dirigida? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de seguimiento exige? No son preguntas teóricas ni retóricas. Son preguntas que en última instancia remiten a la calidad de la información que el periodismo genera y al llamado “derecho a saber” de los ciudadanos en una sociedad democrática.

La discusión sobre prensa y democracia tiene, pues, una dimensión propiamente periodística que se refiere no tanto a la delimitación de la autonomía relativa de la prensa frente a los intereses del poder o del dinero sino, más bien, a lo que ocurre al interior de ese ámbito relativamente autónomo: a cómo hacen periodismo los periodistas y a las consecuencias que ello tiene en la vida democrática.

Pienso en prácticas, por ejemplo, como los trascendidos, esos espacios perfectamente institucionalizados en casi todos nuestros periódicos en los que se difunden informaciones sin firma, sin fuente, sin contexto. O en lo que Gideon Lichfield denominó los dijónimos, ese vernacular del periodismo mexicano que consiste en hacer como que “la noticia no es lo que hay de nuevo sino lo que haya dicho alguien importante, aunque esa persona o cualquier otra ya lo hubiera dicho y sin importar, realmente, si es verdad o no”. O en el fenómeno, recién elucidado por Claudio Lomnitz, del uso cada vez más común del tuteo en entrevistas, de groserías en las columnas de opinión, incluso de la falta de respeto o la injuria como falsos contrarios democráticos de la vieja solemnidad autoritaria. O pienso, también, en esos mexicanísimos argüendes en los que no importa que el periodista no tenga la menor idea de un tema pues, de todos modos, le sobra furia para escribir al respecto (véase Martínez, Sanjuana y “la empresa Shale”: http://j.mp/12vDh3f).

¿Por qué existen esas prácticas? ¿Qué aportan en términos informativos? ¿Cuál es su efecto acumulado sobre la conversación pública?

¿Y por qué hemos pasado tanto tiempo sin preguntárnoslo? ¿Sin discutir la relación entre prensa y democracia desde la perspectiva de las prácticas periodísticas?

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 28 de julio de 2013

lunes, 22 de julio de 2013

Un periodismo de negocios distinto

Hace unos días, curioseando en una librería, topé con un libro que reúne lo que a juicio de sus editores fue lo mejor del periodismo de negocios en Estados Unidos durante el último año (http://j.mp/159wGJI). Lo hojeé sin mucho interés, con la vaga expectativa de hallar entre sus páginas historias de ejecutivos, inversionistas, marcas, etc. Esperaba, pues, un periodismo de enfoque francamente cortesano, blando, endogámico, muy de y para insiders. No sé, acaso porque esa es la impresión que tengo de buena parte del periodismo de negocios que se hace en México. Lo que encontré, sin embargo, fue otra cosa.

De entrada, la selección abarca una diversidad temática asombrosa: desde los desoladores estragos de la “gran recesión” hasta las sofisticadas campañas de falso activismo ciudadano que muchas compañías echan a andar para presionar a sus reguladores; desde el cínico modelo de negocios del periódico más importante de la India hasta las millonarias complicaciones logísticas de una fusión entre dos gigantes aeronáuticos; desde las escandalosas prácticas corruptas en las industrias de autoservicios, medicinas o energéticos hasta cómo la revolución en el análisis de datos permite a las empresas conocer a sus clientes mucho mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos.

Y es que si el afán de lucro es uno de los más poderosos motores de la actividad humana, entonces en casi todas las historias puede haber un ángulo propicio para hacer periodismo de negocios.

Otro aspecto sorprendente es el punto de vista que asumen, desde el que están escritos, pues, buena parte de los artículos compilados. Porque en ellos no predomina el ethos del “hombre de negocios”, no se concibe la economía como un ámbito del saber exclusivo para los economistas, ni se recurre tampoco a los típicos eufemismos del vocabulario corporativo. Lo que predomina, en cambio, es una voluntad de hablar de negocios sobre todo desde la perspectiva de los consumidores, de representar la economía como un fenómeno social que incumbe a todos, de hacer periodismo de negocios para contar historias de interés público antes que para hacer relaciones públicas.

Concluyo ofreciendo un botón de muestra: una carta, recuperada en el libro, que una mujer envío a un directivo de Wells Fargo --una compañía de servicios financieros con la que tenía un crédito vencido…

“En mayo de 2007, a los 38 años, me convertí en la primera persona de mi familia en obtener un título universitario. Me gradué con una deuda de más de 100 mil dólares en créditos estudiantiles. Los pagos ascendían a más de 1,100 dólares mensuales. Mi padre, un hombre de 74 años ya retirado, fungió como aval de buena parte esos créditos. Pero en septiembre de 2008, con el colapso de los bancos,  mi padre perdió 70 mil dólares de su pensión.

“En diciembre de 2009, apenas a un año de haber conseguido trabajo, fui despedida en un recorte. Durante casi todo el 2010 no pude encontrar un trabajo estable. En enero de 2011, se venció el plazo para pagar mis créditos estudiantiles. Los bancos comenzaron a perseguir a mi padre por ser mi aval,  arruinando su línea de crédito y cobrándose de su hipoteca, misma que nunca había dejado de pagar.

“En junio de 2011, mi padre contrató un abogado para tratar de arreglar pagos proporcionales a su nivel de ingreso. En octubre de 2011, el abogado le notificó que sus intentos habían fracasado. Mi padre me escribió entonces una carta diciéndome que había tenido que vender su seguro de vida y rehacer su testamento para proteger a mi hermana y a mi madrastra.

“Esa carta me llegó el sábado pasado.

“El domingo, mi padre tuvo un derrame cerebral.

“Y ahora Wells Fargo lo está acosando para que pague otro de mis créditos estudiantiles.

“Le escribo para solicitarle que suspendan las acciones de cobro contra mi padre hasta que yo pueda encontrar un trabajo que me permita ganar lo suficiente como para hacerme cargo de mis deudas.

“Siempre creí que obtener una educación era la única manera de tener éxito en la vida. Ahora me arrepiento todos los días”.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 22 de julio de 2013

lunes, 15 de julio de 2013

Islamofobia y democracia

La tibia respuesta que ha suscitado en Estados Unidos y Europa lo ocurrido en Egipto exhibe la doble cara de Occidente en el tema de los valores democráticos y la religión islámica. Por un lado, cuando grupos terroristas cometen atentados contra gobiernos democráticos invocando el islamismo, resulta que Islam y democracia son incompatibles. Pero, por el otro, ahora que fue derrocado un presidente islamista democráticamente electo, resulta que su caída… tuvo mucho apoyo popular.

Distingamos. Por supuesto que el terrorismo islámico es contrario a la democracia. Pero no por ser islámico sino por ser terrorismo. Y por supuesto que la ofensiva contra el errático gobierno de Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana contó con amplio respaldo social. Pero eso en nada atenúa ni disculpa el hecho de que se trató de un golpe de Estado.

Las reacciones oficiales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, sin embargo, se esmeraron en no llamar al hecho por su nombre. Manifestaron preocupación, dijeron que darían seguimiento puntual a los acontecimientos en las próximas semanas, solicitaron que se garantice la integridad física de Morsi y sus aliados, instaron a que se respeten los derechos humanos de la población civil, invitaron a volver lo más pronto posible al orden democrático, incluso se deslindaron de la intervención de las fuerzas armadas en el proceso político egipcio... pero ninguna condenó de manera clara, explícita e inequívoca, el golpe.

Más aún, hubo voces en la prensa internacional que ni siquiera hicieron el intento de disimular. Thomas Friedman escribió que “al observar la caída del gobierno encabezado por la Hermandad Musulmana en Egipto, la pregunta más interesante es si algún día voltearemos la vista atrás y veremos este momento como el principio del retroceso del Islam político”. Tony Blair aseguró que la intervención del ejército salvó a la democracia egipcia del caos y que “contar con un gobierno democrático no significa contar con un gobierno eficaz. Y hoy en día el reto es la eficacia”. O el Wall Street Journal que, en su editorial al día siguiente del golpe, concluyó que “los egipcios correrán con suerte si los generales que ahora los gobiernan están hechos con el mismo molde que Augusto Pinochet en Chile, quien tomó el poder en medio del caos pero contrató reformistas pro libre mercado y supo parir una transición a la democracia”.

Parece que de lo que se trata, en resumidas cuentas, es de vencer al “Islam político”, de promover “gobiernos eficaces” y de que los nuevos generales sean tan liberales y demócratas como un dictador latinoamericano. Que de la “primavera” egipcia florezca un nuevo y mejorado Hosni Mubarak, pues.

No hace falta insistir en la amenaza que representan las tendencias antidemocráticas del extremismo islámico. Pero quizás si hace falta insistir en la amenaza que para la democracia también representa el prejuicio islamofóbico.

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 15 de julio de 2013

lunes, 8 de julio de 2013

Cuando la educación no hace diferencia

En septiembre del año pasado la revista Boston Review publicó un ensayo de James Heckman (http://j.mp/16WQFuV), profesor de economía en la Universidad de Chicago, que causó cierto revuelo en Estados Unidos. Y es que dicho ensayo, que traducía para un público no académico buena parte de la investigación a la que Heckman se ha dedicado durante los últimos años, mostraba lo infundada que hoy resulta la expectativa de que la educación haga diferencia en la vida de los estadounidenses.

El argumento de Heckman es que “el accidente de nacer es la principal fuente de desigualdad en Estados Unidos actualmente. La sociedad estadounidense está dividida entre quienes tienen habilidades y quienes no las tienen. El origen de esa desigualdad está en las experiencias de la primera infancia. Niños que nacen en entornos desfavorables corren un riesgo mucho mayor de no adquirir habilidades, de tener bajos ingresos y enfrentar dificultades personales y sociales como padecer mala salud, embarazarse durante la adolescencia o involucrarse en actividades criminales. Mientras celebramos la igualdad de oportunidades, vivimos en una sociedad en la que el nacimiento se está convirtiendo en destino”.

La gráfica adjunta ilustra el problema. El eje vertical se refiere a la puntuación media en un examen de habilidades cognitivas. El eje horizontal, a la edad de los niños que realizan ese tipo de examen a los 3, 5, 8 y 18 años. Cada curva ilustra la trayectoria de un grupo distinto. La primera (de arriba hacia abajo) es la de hijos de madres graduadas de la universidad; la segunda, la de hijos de madres que cursaron estudios universitarios pero no se graduaron; la tercera, la de hijos de madres que se graduaron del bachillerato; la cuarta, la de hijos de madres que no alcanzaron a graduarse del bachillerato.


Como se ve, la desigualdad en habilidades que separa a los niños al ingresar al sistema educativo es prácticamente idéntica a la desigualdad que los separa cuando egresan de él, quince años después. La escuela, en pocas palabras, no hace mayor diferencia.

Heckman concluye proponiendo políticas públicas que intervengan desde muy temprano para contrarrestar el efecto negativo de los entornos desfavorables en las habilidades que desarrollan los menores de 3 años...

¿Cómo estarán esos datos para el caso mexicano? ¿Y qué contemplara la reforma educativa al respecto?

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 8 de Julio de 2013

lunes, 1 de julio de 2013

Dos conceptos de igualdad

¿Cuál es la mejor manera de tutelar el valor de la igualdad? ¿Cuál es el papel de los poderes públicos en ese sentido? ¿Qué tipo de sociedad es más igualitaria: la que trata como iguales en principio a quienes son desiguales en la práctica; o la que trata como desiguales en la práctica a quienes son iguales en principio? ¿Quién gana y quién pierde con una u otra solución?

La semana pasada la Suprema Corte de Estados Unidos votó tres casos que evocan los dilemas de la igualdad en las sociedades contemporáneas y la creciente tensión que existe entre dos formas de concebirla.

En el primer caso, United States v. Windsor, la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional una disposición federal que definía el matrimonio como la unión legal exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y es que al permitir que el gobierno federal negara a los matrimonios entre personas del mismos sexo, sancionados o reconocidos legalmente por un estado de la Unión, los beneficios fiscales que otorga a los matrimonios heterosexuales, dicha disposición resultaba contraria al principio constitucional de igual protección ante la ley. Tratarlos como si no fueran iguales en principio era una forma, pues, de producir desigualdad en la práctica.

En el segundo caso, Shelby County v. Holder, la Suprema Corte declaró inconstitucional una disposición que obligaba a varios estados a obtener la aprobación de la autoridad federal antes de reformar sus procedimientos para registrar electores. Y es que esa disposición, creada como parte del movimiento por los derechos civiles para evitar que ciertas autoridades locales incurrieran en prácticas discriminatorias que redujeran la participación electoral de la población afroamericana, resultaba contraria al principio constitucional de igual soberanía de los estados. Tratarlos como si fueran desiguales en la práctica era una forma, pues, de vulnerar su igualdad en principio.

En el tercer caso, Fisher v. University of Texas at Austin, la Suprema Corte ordenó revisar la constitucionalidad de la política de acción afirmativa de una universidad pública en su proceso de admisiones. Y es que dicha política, que considera la pertenencia de los estudiantes a minorías raciales desfavorecidas como un factor positivo en la evaluación de sus solicitudes, tiene que ser compatible, por un lado, con el principio constitucional de igual protección ante la ley y, por el otro, con el interés legítimo —reconocido por la propia Corte— de procurar el beneficio de la diversidad racial en las comunidades estudiantiles. ¿Qué es más equitativo? ¿Ponderar favorablemente la pertenencia a una minoría racial desfavorecida o no ponderarla en lo absoluto?

Estamos, como escribió hace unos días Adam Liptak en el New York Times, ante casos que configuran un interesante enfrentamiento entre dos conceptos de igualdad: el “formal”, que propone tratar a las personas como iguales en principio; y el “dinámico”, que propone tratar a las personas como desiguales en la práctica.

Eso en Estados Unidos. ¿Y aquí?

-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 1 de julio de 2013