La semana pasada Carlos Puig (http://j.mp/WCZBF4) tuvo el acierto de recordar a
quien lo hubiera olvidado, y de informar a quienes no lo sabíamos, que ya hay
un monumento para las víctimas de la violencia en México. No está en Ciudad
Juárez, en Acapulco, en Torreón, en Monterrey ni en Durango. Está en la Ciudad
de México, en una zona muy céntrica y exclusiva, concretamente en la parte del
Bosque de Chapultepec que está al costado poniente del Campo Marte. A escasos
dos o tres kilómetros de Los Pinos. Caminando, pues.
No tiene mucho sentido ya discutir lo equívoco del
concepto (un espacio oficial para recordar a víctimas que el Estado mexicano no identifica) ni su cuestionable
ubicación en la Ciudad de México (una entidad poco tocada por la “guerra”)
junto a un campo militar. Es lo que
es y el monumento ya está ahí, terminado.
Felipe Calderón hubiera podido inaugurarlo en los
últimos días de su gobierno, pero no quiso porque Javier Sicilia se opuso. Y el
gobierno de Enrique Peña Nieto, reporta Puig, “tiene el lugar bardado con una
lona, descuidado y protegido por dos elementos de la Policía Bancaria.
Formalmente el espacio lo administra Províctima, órgano desconcentrado de la
SEGOB. Pero la reorganización interna de la secretaría ha sido lenta y nadie
sabe qué pasará con Províctima, si sobrevivirá o se integrará a otra dependencia”.
Es decir que el Memorial para las Víctimas de la Violencia (así se llama)
todavía no se puede conocer pero ya está abandonado: por consideraciones
políticas, por complicaciones burocráticas, por falta de presión social.
En cualquier caso, es imposible imaginar una
metáfora más precisa de lo que ha sido la política de seguridad del nuevo gobierno.
En su discurso de ayer, el presidente enlistó las
trece decisiones más representativas de sus primeros cien días de gobierno. En
materia de seguridad, mencionó tres.
La primera es el arranque de un Programa Nacional de
Prevención de la Violencia y la Delincuencia que, como ampliamente han
documentado Alejandro Hope (http://j.mp/WD3OZj), Lillian Chapa y Leonel Fernández (http://j.mp/VYIJY5), básicamente no existe: no ofrece diagnóstico ni objetivos ni
prioridades claras, carece de marco conceptual y de definiciones elementales, no
tiene claridad en cuanto a los instrumentos ni cuenta con un plan paralelo de reducción del delito. En fin, es puro
desorden e improvisación.
La segunda es la publicación de la Ley General de
Víctimas. Una “pesadilla terrenal”, en palabras de Carlos Elizondo (http://j.mp/15GNjMn), que incluso antes de su entrada en vigor el propio Gobierno de la
República (http://j.mp/ZsymZd) reconoció como necesitada de reformas para poder operar. Una ley,
dicho sea sin eufemismos, inútil e incluso contraproducente.
La tercera es un Código Único de Procedimientos
Penales y una Ley General Penal en los que, dijo el Presidente, “ya se
trabaja”. O sea, no una acción específica ni un resultado concreto, sino una
buena intención. Prometedora, tal vez, pero con respecto a la cual no hay
materialmente nada que informar.
¿Y la Comisión Nacional de Seguridad, el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Gendarmería el Ejército, la Marina, las
policías…?
La política de seguridad del gobierno de Peña Nieto
está, tal cual, como el monumento para las víctimas: no la han inaugurado aún
pero ya hace agua.
-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 11 de marzo de 2013
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