"Pluris": premisas vs. evidencia

Hace algunas semanas se presentaron en la Cámara de Diputados dos iniciativas. Una del PAN para eliminar la figura de los legisladores plurinominales y otra del PRI para reducir 100 curules plurinominales en Cámara de Diputados y 32 en el Senado. Las premisas de las que parten dichas iniciativas son, básicamente, tres: que en México tenemos demasiados legisladores, que nuestro Congreso es muy caro y que entre menos legisladores haya más fácil será llegar a acuerdos. Veamos la evidencia al respecto.

¿Es cierto que en México tenemos demasiados legisladores? Consideremos dos maneras de responder. Una es calcular la proporción de diputados por cada 100 mil habitantes en países que tienen, como México, un sistema electoral mixto (en el que una parte de los legisladores se elige por mayoría relativa y otra por representación proporcional). Javier Aparicio  ha hecho ese cálculo. De una muestra de 33 países, México (0.5) quedó en el lugar 30, con una proporción sólo mayor a la de Japón (0.4), Rusia (0.3) y Filipinas (0.3). Otra manera es calcular la proporción de legisladores electos por representación proporcional --lo que conocemos comúnmente como “pluris”—en el Congreso. El mismo estudio de Aparicio muestra que México queda en el lugar 12 de 33, con una proporción (40%) ligeramente por encima del promedio internacional (31%). No es cierto, pues, que ni como proporción de diputados por cada 100 mil habitantes ni como proporción de “pluris” en el Congreso, México tenga demasiados legisladores.

¿Es cierto que en México tenemos un Congreso muy caro? Consideremos dos maneras de responder. Una es calcular el presupuesto asignado al Poder Legislativo como porcentaje del presupuesto nacional. Según un estudio de  María Amparo Casar, en México dicho porcentaje equivale al 0.3%, cifra que está por debajo del promedio regional latinoamericano, que es de 0.5%. Otra manera es dividiendo el gasto anual del Congreso entre el número de habitantes del país. El mismo estudio de Casar muestra que, en ese sentido, en México gastamos en el Congreso alrededor de 7 dólares al año por habitante, mientras que el promedio latinoamericano es de 12. No es cierto, pues, que ni como porcentaje del presupuesto nacional ni por gasto anual en el Congreso por número de habitantes, México tenga un Congreso muy caro.

¿Es cierto que un número menor de legisladores podría traducirse en que haya más acuerdos en el Congreso? No. Porque, para bien o para mal, los legisladores no votan cada uno conforme a su conciencia ni consultando a los habitantes de sus distritos. Votan, más bien, en bloque, según la línea que definen las dirigencias partidistas. Y estudio tras estudio (Lujambio, Nacif, González Tule, García Martínez) muestra que el voto de los legisladores en México, salvo ligeras variantes, es un voto altamente disciplinado, que en términos generales oscila alrededor del 90%. No es cierto, pues, dada la alta disciplina partidista que hay en el Congreso mexicano, que reducir el número de legisladores facilitaría la posibilidad de lograr más acuerdos.

Hace casi veinte años Giovanni Sartori se preguntaba, a propósito de los malestares en la democracia y las reformas institucionales: “¿realmente sabemos qué es lo que se necesita cambiar y cómo cambiarlo?”. La respuesta era entonces, y aparentemente sigue siendo ahora, “un rotundo no”.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 29 de octubre de 2012.

Premiar a un plagiario

Al tratar de justificar su polémica decisión de entregar el premio FIL 2012 a Alfredo Bryce Echenique los integrantes del jurado, primero en un comunicado conjunto y luego Jorge Volpi a título individual, han echado mano de dos argumentos. Uno es que las acusaciones de plagio competen únicamente a los tribunales del “ámbito penal” y no a quienes juzgan méritos literarios. El otro es que los artículos periodísticos de un autor no forman parte de su “obra narrativa”.

Veamos. En primer lugar, sobre Bryce pesan no acusaciones de plagio sino plagios confirmados y sancionados por el INDECOPI, la autoridad en materia de protección a la propiedad intelectual en el Perú (véase http://bit.ly/OZGHon). Bryce firmó y cobró como propios decenas de textos que no escribió él, a veces sin cambiarles ni una coma, a veces con modificaciones mínimas, pero en todos los casos haciéndose pasar como autor de obra ajena. Seamos claros: lo de Bryce no son “acusaciones”, son plagios enteramente comprobables (véase http://bit.ly/QWYET7) y comprobados.

En segundo lugar, ¿cómo explicar que quienes tienen la encomienda de valorar los méritos de un autor se abstengan de considerar el hábito que tiene dicho autor de atribuirse una y otra vez el trabajo de otros autores? ¿Qué significa que Calin-Andrei Mihailescu, Jorge Volpi, Julio Ortega, Leila Guerrero, Margarita Valencia, Mark Millington y Mayra Santos-Febres hayan decidido premiar, por unanimidad, a quien al ser confrontado por sus plagios responde cosas como “el plagio es incluso un homenaje”, “estoy muy viejo, tengo derecho a perder la memoria” o “he ganado lectores, mis libros últimamente se han vendido más que nunca”? ¿Cómo llamar al hecho de que un jurado literario afirme que el plagio es un asunto legal que no le incumbe, como si no tuviera implicaciones artísticas ni éticas? Se me ocurre una palabra: complicidad.

Y en tercer lugar, si decidimos que la obra periodística (entendida como no ficción o como la que se difunde a través de publicaciones periódicas) no forma parte de la obra literaria, ¿qué hacemos con el doctor Johnson, William Hazlitt, Mark Twain, Jack London, Edmund Wilson, George Orwell o Joan Didion? ¿Con Mariano José de Larra, Leopoldo Alas “Clarín”, Julio Camba, Ortega y Gasset, Josep Pla, Carmen Martín Gaite o Francisco Umbral? ¿O con Fernández de Lizardi, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Gutiérrez Nájera, Micrós, Salvador Novo, Ricardo Garibay, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis o Alma Guillermoprieto? ¿Qué historia, qué tradición, qué literatura avalan ese deslinde? Mejor hubieran dicho que no tomaban en cuenta la obra periodística de Bryce porque al fin y al cabo ni es suya.

Volpi y el jurado argumentan que la obra de Bryce está “más allá de las acusaciones”. Entendámoslos: ellos no se pronuncian con respecto al plagio, sólo están premiando al plagiario.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 15 de octubre de 2012

Derecha y derechos

Vuelvo a un tema del que ya me he ocupado en un par de entregas anteriores; a ese fenómeno que, a falta de un mejor término, propuse denominar “estado de derechismo”: una visión de lo público en la que se conjugan conciencia de clase y afán punitivo; una idea del derecho que lo reduce, básicamente, a poca regulación y muchas cárceles; un modelo que ofrece mano invisible en las cuestiones económicas y mano dura en la cuestión social.

Vuelvo por dos motivos. El primero es la reforma laboral recientemente aprobada en la Cámara de Diputados; el segundo, el libro más reciente de Pedro Salazar, Crítica de la mano dura. Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades (Océano, 2012). 

La iniciativa de reforma laboral enviada por el Presidente Calderón se dividía, fundamentalmente, en dos partes: la económica, que buscaba la flexibilización del mercado de trabajo; y la política, que buscaba la democratización de los sindicatos. La económica terminó aprobándose prácticamente como llegó, pero de la política no quedó prácticamente nada. Y ni en la versión original ni en la final hubo una parte social, digamos, que procurara ampliar o mejorar los derechos de los trabajadores (creando, por ejemplo, un seguro de desempleo, un nuevo sistema de justicia laboral o disposiciones para contrarrestar la precarización del trabajo). El resultado será, entonces, un mercado laboral no necesariamente más flexible, pues como ha argumentado Ciro Murayama en la práctica ya lo es, sino más desregulado; dirigencias sindicales tan poco democráticas y tan opacas como antes pero ahora además crecidas por haber derrotado el embate; y una clase trabajadora que queda más a la intemperie del libre mercado pero no por ello liberada de “líderes” que ni responden a sus intereses ni le rinden cuentas.

El libro de Pedro Salazar ofrece una inquietante reflexión sobre cómo la sensación de inseguridad, el miedo al crimen y la impotencia ante la impunidad han engendrado entre nosotros una doble pulsión autoritaria: por un lado, una furiosa exigencia de demostrar fuerza antes que de respetar derechos; por el otro, una franca intolerancia que equipara cualquier crítica a la estrategia de combate a la delincuencia con una apología del delito. El resultado, argumenta Salazar, es una política de “excepción institucionalizada”, pensada más en términos bélicos que jurídicos, que plantea la seguridad pública exclusivamente en términos de restaurar orden, no de impartir justicia, y cuya principal objetivo es tener mejores policías, no contar, además, con mejores juzgados.

En lo laboral, más mercado y mismo sindicalismo. En seguridad pública, más policías y mismo sistema de justicia. Ese es el estado de derecho de la derecha: uno en el que, salvo por los derechos de propiedad, no importan los derechos.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 1 de octubre de 2012

Izquierda y derecho

En México nos hemos acostumbrado a que ser de izquierda signifique preocuparse mucho por la justicia pero poco por el derecho; a que ser de izquierda suponga aglutinarse en torno a un liderazgo carismático antes que articular una agenda de reformas institucionales; a que ser de izquierda implique más quejarse de las leyes y protestar contra los funcionarios que las interpretan que hacerse cargo de haber apoyado esas mismas leyes y a esos mismos funcionarios.

Es una costumbre que tiene sus razones, desde luego, pero que cada vez tiene menos razón de ser. No porque la izquierda tenga que dejar de hacer oposición sino, más bien, porque ya tendría que hacerse cargo de que también ha sido y es gobierno.

Primero, porque ya es hora de que la izquierda asuma que puede haber derecho sin justicia pero no justicia sin derecho. Es cierto que en demasiadas ocasiones el imperio de la ley sirve como coartada para proteger intereses oligárquicos; pero es igualmente cierto que el imperio de la ley resulta indispensable para darle institucionalidad, continuidad y autonomía, a cualquier proyecto democrático de transformación social. El derecho puede ser un instrumento de clase o un recurso para la emancipación. Que la izquierda lo siga criticando cuando sea lo uno, pero que se lo tome en serio cuando pueda ser lo otro.

Segundo, porque una izquierda que apuesta más por la fuerza de sus figuras personales que por el potencial de sus propuestas de reforma es una izquierda que subordina la posibilidad de implementar su programa a la popularidad de su caudillo en turno. Dicho de otro modo, una izquierda que pone el énfasis en cambiar a las personas que nos gobiernan y no en cambiar la estructura gubernamental, es una izquierda que aspira a gobernar pero que difícilmente podrá cambiar la forma en que se gobierna. Porque ese cambio no depende, no puede depender, de que nos gobierne “gente buena”; depende, en todo caso, de que contemos con los mecanismos y las capacidades institucionales para hacer que quienes nos gobiernen se “porten bien” –es decir, de que si se “portan mal” haya sanciones efectivas.

Y tercero, porque de nada sirve que la izquierda participe en el proceso legislativo o que tenga voz y voto en los órganos que nombran, por ejemplo, consejeros del IFE o magistrados del TEPJF o ministros de la SCJN, si la izquierda luego no se asume al menos corresponsable ni de las designaciones ni de las leyes por las que ella misma ha votado.

Se vale criticar, se vale impugnar, se vale protestar. Lo que no se vale es  que la izquierda haga como si no tuviera nada que ver con aquello que critica, que impugna o que protesta. El derecho es de quien lo trabaja. Un poquito de… por favor.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 17 de septiembre de 2012

López Obrador: el político

Quizás nos vendría bien dejar de hablar como hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir, dejar de hablar de él en términos de su mesianismo o su carisma, de si encarna un regreso al pasado o un cambio verdadero, de si al desconocer la sentencia del Tribunal se convierte en un enemigo o en un defensor de la democracia…

Ocurre que casi siempre hablamos desde las pasiones que despierta su figura, no desde una valoración estrictamente política de su desempeño. Y hace falta esa valoración no para redimirlo ni para deturparlo sino, más bien, para tratar de entenderlo como lo que es: un político.

La estrategia postelectoral de López Obrador en 2006 representó un costo en el corto plazo pero una ganancia en el largo. El costo estuvo en el deterioro de su imagen pública y en la caída de la fuerza electoral de las izquierdas. Pero la ganancia estuvo en su capacidad de mantener movilizadas a sus bases y, así, seguir vivo políticamente. Sus “negativos” se dispararon y el voto de las izquierdas cayó; pero a pesar de haber perdido una elección que tenía ganada, de no ocupar un puesto en la administración pública ni en el Congreso ni en ningún partido y de que un grupo contrario al suyo (los llamados “Chuchos”) se hizo del control burocrático del PRD, López Obrador mantuvo su liderazgo dentro de las izquierdas. Al grado de que, a fines del 2011, logró ganarle la candidatura al Jefe de Gobierno en funciones.

Su campaña presidencial de 2012 fue un éxito: López Obrador comenzó en un distante tercer lugar y terminó en segundo, a menos de 7 puntos del candidato ganador. La “opinión efectiva” sobre él repuntó, su intención de voto volvió a niveles competitivos y las izquierdas obtuvieron un muy buen saldo electoral.

La pregunta, entonces, no es por qué opta ahora por un camino tan parecido, aunque no idéntico, al de hace seis años. La pregunta, en todo caso, es por qué no habría de hacerlo, sobre todo cuando ya sabe que los costos pueden revertirse y las ganancias consolidarse. Mientras haya un electorado que lo vote como lo votó en julio pasado, ¿es realmente razonable esperar que adopte una estrategia distinta?

La presidencia constitucional dura sólo seis años. Pero la “legítima”, con el veredicto de las urnas mediante, puede durar varios sexenios.

-- Carlos Bravo Regidor 

La Razón, lunes 3 de septiembre de 2012

Lecciones de la elección

Hace cosa de seis meses, antes de que comenzaran las campañas, escribí un comentario comparando la intención de voto efectiva para la elección presidencial mexicana entre enero de 2006 y enero de 2012. Basándome en cifras de Consulta Mitofsky, dije que el costo electoral de la “guerra de Calderón” para el PAN parecía mínimo (-3%), que el costo de la “presidencia legítima” para las izquierdas parecía tremendo (-17%) y que el gran beneficiario de todo ello parecía ser el PRI (+21%). Hoy contamos con nuevos datos que permiten hacer otras comparaciones. Veamos.

Los resultados de la elección presidencial de 2012, según el cómputo distrital del IFE, fueron los siguientes: Josefina Vázquez Mota obtuvo el 25.4% de los votos; Enrique Peña Nieto, el 38.2%; y Andrés Manuel López Obrador, el 31.6%.

Si damos por buenos los datos de intención de voto efectiva que reportó Mitofsky en enero de este año (JVM 28%, EPN 50% y AMLO 22%), tenemos entonces que el saldo electoral de las campañas para el PAN fue de -2.6%; para el PRI-PVEM, de -11.8%; y para las izquierdas, de +9.6%. Primera lección: las campañas importan, hacen diferencia.

Otro dato relevante son los resultados en elecciones anteriores. En la presidencial de 2006, por ejemplo, Felipe Calderón obtuvo el 35.9%; Roberto Madrazo, el 22.3%; y Andrés Manuel López Obrador, el 35.3%. Y en la de diputados por mayoría de 2009, el PAN obtuvo el 28%; el PRI-PVEM, el 43%; y las izquierdas, el 18%. Segunda lección: las campañas importan, hacen diferencia… pero no siempre logran revertir las tendencias de más largo aliento.

Finalmente, están los datos de Reforma sobre el perfil sociodemográfico de los votantes en 2006 y 2012, entre los que destacan tres aspectos interesantes. El primero se refiere al norte y centro-occidente del país, regiones cuyos electores se inclinaron mayoritariamente por Calderón en 2006 (43 y 47%, respectivamente) y ahora, en 2012, lo hicieron por Peña Nieto (40 y 44%). El segundo se refiere al desplazamiento de los electores ubicados en el centro y la derecha del espectro ideológico, la mayor parte de los cuales optó por Calderón en 2006 (37 y 48%) y ahora, en 2012, se inclinó por Peña Nieto (40 y 50%). Y el tercero se refiere a la consolidación de López Obrador entre los electores que se identifican como de izquierda, quienes en su mayoría votaron por él en 2006 (62%) y en 2012 (67%), así como entre los electores de las regiones del centro (44% en 2006, 43% en 2012) y el sur (40% en 2006, 40% en 2012). Tercera lección: para ganar la Presidencia parece que hay que contar, por un lado, con el apoyo mayoritario de los electores de centro y derecha; y, por el lado, de los del norte y el centro-occidente.

Peña Nieto hizo lo que tenía que hacer para ganar; Vázquez Mota, para perder; y López Obrador… para sobrevivir.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 20 de agosto de 2012.

PRI: lo que apoya, resiste

Fue a fines de la década de 1970, con la reforma política que inauguró la larga transición mexicana a la democracia, que Jesús Reyes Heroles acuñó aquella frase de “lo que resiste, apoya”.* En el contexto de esos años (de represión estudiantil, guerra sucia, múltiples protestas sindicales y una elección presidencial en la que sólo “compitió” un candidato), la frase quería decir que abrir el sistema político para incluir a nuevos sectores y fuerzas de oposición podría ser una forma, paradójica pero efectiva, de legitimarlo.

No se equivocaba. Así fue. Y el gradualismo que caracterizó nuestro proceso de democratización le debe mucho, para bien o para mal, a esa visión de Reyes Heroles.

Hoy, sin embargo, el contexto político es otro. Tan otro, de hecho, que la pregunta para el PRI ya no es cómo legitimar su permanencia en el poder incorporando a quienes estaban fuera del sistema sino cómo legitimar su regreso a la Presidencia desincorporando a quienes forman parte de su propia coalición. Me explico.

En cierto sentido, la de Enrique Peña Nieto fue una candidatura que propuso continuidad en el fondo pero cambio en la forma. Continuidad en el fondo porque el contenido de su programa no es muy distinto, en lo fundamental, ni del de Calderón ni del de Fox ni del de Zedillo ni del de Salinas. La suya sigue siendo una agenda, digamos, de modernización neoliberal. Pero de cambio en la forma porque supo contrastar su imagen de gobernador exitoso con la percepción de que en las administraciones panistas ha imperado la parálisis. De modo que contra los gobiernos de las buenas intenciones ofreció un gobierno de resultados concretos: contra las expectativas frustradas, compromisos ante notario; contra la inexperiencia, eficacia; contra la mediocridad, logros.

(La ironía es que el argumento de la parálisis comenzó como un ardid del PAN que buscaba subirle a los priístas el costo de rechazar sus iniciativas y terminó convertido en un recurso que el propio PRI aprovechó para acusar a los panistas de incompetentes).

Así, el mandato que construyó el candidato del PRI fue menos un mandato de algo por hacer que un mandato de hacer algo. La apuesta de su campaña no fue tanto proyectar un rumbo como transmitir sensación de movimiento. Y he ahí, precisamente, su principal problema.

Porque los intereses que se aglutinaron en torno suyo son, en buena medida, intereses rentistas que están por la inmovilidad: los gobernadores del PRI y sus maquinarias locales, los grandes conglomerados mediáticos, las cúpulas de los sindicatos petrolero, de burócratas y de maestros, etc. Peña Nieto querrá, para cumplir, impulsar al menos un par de las llamadas “reformas que el país necesita”; pero los grupos de interés que lo han apoyado serán, inevitablemente, adversos a ellas. Es decir que su mayor obstáculo no serán sus opositores sino sus aliados.

Este PRI ya no es aquel de “lo que resiste, apoya”. Es, en todo caso, un PRI de “lo que apoya, resiste”…

Alguien haría bien en recordarle a Enrique Peña Nieto el lapidario consejo de James Carville: a campaign is the time to stab your enemies, a transition is the time to stab your friends.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 7 de agosto de 2012.

* Nacho Marván me ha hecho ver que la frase, en realidad, no la "acuñó" Jesús Reyes Heroles sino que, más bien, se la apropió de las Tácticas parlamentarias de Jeremy Bentham. Busco en dicho texto y, efectivamente, la cita textual aparece en la página 86, en el segundo párrafo: 

"Considérese aparte el efecto que las deliberaciones públicas sobre las leyes, providencias, impuestos y conducta de los hombres públicos, han de producir en el espíritu general de una nación en favor de su gobierno. Se han refutado las objeciones, confundido los rumores falsos y puesto a la vista de todos la necesidad de los sacrificios que se exigen de los pueblos. La oposición con todos sus esfuerzos, tan lejos de causar perjuicio a la autoridad, le hace un particular servicio; en cuyo sentido puede decirse ciertamente que lo que resiste apoya; porque el gobierno está mucho más seguro del acierto general de una providencia, y de la aprobación pública, después que ambos partidos han luchado en un combate que ha tenido a la nación entera por testigo".

El original, en inglés, dice así:  

"Consider, in particular, how much public deliberations respecting the laws, the measures, the taxes, the conduct of official persons, ought to operate upon the general spirit of a nation in favour of its government. Objections have been refuted,—false reports confounded; the necessity for the sacrifices required of the people have been clearly proved. Opposition, with all its efforts, far from having been injurious to authority, will have essentially assisted it. It is in this sense that it has been well said, that he who resists, strengthens: for the government is much more assured of the general success of a measure, and of the public approbation, after it has been discussed by two parties, whilst the whole nation has been spectators".

Agradezco al profesor Marván tan atinada aclaración.