¿Una nueva vieja política de seguridad?

Es cierto que devolver la conducción de la política de seguridad a la SEGOB parece, en principio, buena noticia: establece una cadena de mando menos sujeta a fricciones interinstitucionales; reconoce que la lucha contra el crimen organizado no se agota en el ejercicio de la fuerza pública; centraliza la interlocución con Estados Unidos; en fin. No parece, porque no es, poca cosa.

Sobre todo si asumimos que parte de la ineficacia característica de los gobiernos panistas durante los últimos doce años fue resultado, precisamente, de una improvisada distribución de competencias y responsabilidades que pasó por un deliberado desmantelamiento de la vieja SEGOB.

       

Ocurre, sin embargo, que ese desmantelamiento no fue sólo producto de una decisión repentina luego de echar al PRI de Los Pinos sino, más bien, parte de un largo proceso que comenzó antes y que tuvo mucho que ver con las diversas transformaciones que experimentó el país durante el último cuarto del siglo XX.

Dos ejemplos: la creciente rotación al frente de la SEGOB y los múltiples cambios en la política de seguridad del Estado mexicano.

Entre 1952 y 1964 hubo 3 secretarios de Gobernación (Carvajal, Díaz Ordaz y Echeverría). Entre 1964 y 1976 hubo 2 (Echeverría y Moya Palencia). Entre 1976 y 1988, 3 (Reyes Heroles, Olivares Santana y Bartlett). Entre 1988 y 2000, 7 (Gutiérrez Barrios, González Garrido, Carpizo, Moctezuma, Chuayfett, Labastida y Carrasco). Entre 2000 y 2012, también 7 (Creel, Abascal, Ramírez Acuña, Mouriño, Gómez Mont, Blake y Poiré) pero 2 de los cuales murieron mientras ocupaban el puesto. La inestabilidad en dicho cargo no se originó con el PAN, pues, sino con Salinas.

Y aunque la creación de la SSP en 2000 supuso que la política de seguridad finalmente se transfería fuera de la SEGOB, los cambios al respecto venían de mucho tiempo atrás: por lo menos desde la militarización de la presencia estatal en zonas conflictivas (particularmente en Guerrero y Michoacán) a partir de los años setenta, la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) en 1985, la redefinición del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional a raíz de la directiva fijada por la segunda administración Reagan, la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989 y un largo, largo etcétera. No fue tanto que los gobiernos panistas inauguraran una nueva política de seguridad como que culminaron la reestructuración que, en la materia, fue gestándose durante las sucesivas crisis del fin del régimen posrevolucionario.

Valga un poco de perspectiva histórica, en suma, para advertir que reconcentrar facultades en una institución no es lo mismo que reconstruir capacidades institucionales. Y menos cuando el país de hoy es tan distinto del país de antes. No se puede gobernar como si el tiempo no pasara.

-- Carlos Bravo Regidor

La Razón, lunes 26 de noviembre de 2012