Hay algo frustrante en la deriva que ha tomado nuestra conversación pública en torno al caso Cassez, algo enojoso en el hecho de que buena parte del debate se reduzca a una mera expresión de diferencias en la que –según la disparatada fórmula al uso– “todas las opiniones son respetables”. Porque no, no lo son. Lo respetable son las personas y su libertad para opinar. Las opiniones son, todas, otra cosa: cuestionables, disputables, criticables. No dan lo mismo, no son iguales unas que otras.
Vale la pena, en ese sentido, rescatar la distinción que propuso hace unos días Ángel Gabilondo, en El País, entre las opiniones argumentadas y las opiniones sin argumento. Las primeras, decía, toman en serio la inteligencia del público al que van dirigidas, esgrimen razones, dan cuenta de la complejidad de los asuntos. Las segundas, en cambio, apelan a los prejuicios y a la desinformación, no se apoyan en información verificable, remiten a certezas aparentemente incontestables.
Veamos, como botón de muestra, un ejemplo paradigmático: la opinión de Sanjuana Martínez, en sinembargo.mx, a propósito del caso Cassez.
Primero, sobre el debido proceso, los testimonios y la condena. “Si no tuvo ‘debido proceso’ deberían eliminarse las pruebas obtenidas, pero no anularse la sentencia […] La falta de debido proceso no convierte a Cassez en inocente. Tampoco en culpable, pero si en actora de unos hechos delictivos. Sus víctimas la reconocieron plenamente”. Por un lado, Martínez admite que la violación de derechos y el montaje invalidan los testimonios en función de los cuales Cassez fue condenada; pero, por el otro, insiste en que se sostenga su condena. ¿Por qué? ¡Por lo que dicen las propias pruebas incriminatorias, es decir los testimonios, que ella misma reconoce que deben eliminarse!
Luego, sobre las contradicciones de las víctimas y el sistema de justicia. “No conozco ninguna víctima que no entre en contradicciones o inconsistencias a la hora de declarar [...] La mayoría de los procesos en México están fincados en mentiras y medias verdades. Así funciona todo el aparato de justicia. Y ministerios, abogados, magistrados, policías o periodistas lo sabemos. Por eso urge una reforma integral de la procuración de justicia en nuestro país […] Los hechos, sin embargo, son los hechos. Hay unas víctimas que reconocen a la señora Cassez como su verduga”. O sea que no hay que esperar consistencia en las declaraciones de las víctimas pero de todos modos hay que darles valor probatorio. Y hay que reformar el sistema para evitar más casos como los de Cassez pero ella, por eso mismo, debe seguir en la cárcel. Su culpabilidad está en entredicho pero, Sanjuana Martínez mediante, de todos modos es culpable.
Finalmente, sobre la Suprema Corte. “¿Por qué la SCJN no encarcela a los que realizaron el montaje encabezados por García Luna? ¿Por qué no cuestiona al aparato de seguridad de Felipe Calderón? […] ¿Por qué sólo se centra en Cassez?” Parece que Sanjuana Martínez no está enterada de que en este caso la facultad de la Corte es determinar si se violaron garantías, no fincar responsabilidades; de que el proyecto del ministro Zaldívar va precisamente en el sentido de cuestionar la actuación de la policía; ni tampoco de que el juicio de amparo, por la llamada “fórmula Otero”, sólo tiene efectos particulares para los individuos que lo promueven. Su furioso reproche no tiene, pues, ningún fundamento.
Las opiniones argumentadas construyen conversación. Las opiniones sin argumento convierten la deliberación pública, según la elocuente expresión de Gabilondo, en un mero “festín de los topetazos”. Q.E.D.
-- Carlos Bravo Regidor
La Razón, lunes 19 de marzo de 2012.
A veces me gusta creer que opiniones como las de Sanjuana se deben a que durante mucho tiempo los mexicanos no podíamos opinar (o si podíamos, las opiniones no contaban), por lo que se nos atrofió la parte del cerebro encargada de desarrollar argumentos más complejos que el "por mis güevos" o el "porque sí". Ojalá así sea.
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